Tras la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno nacional, organizaciones y referentes del sector anunciaron la presentación de un amparo colectivo para exigir su instrumentación inmediata.
Organizaciones iniciaron un amparo colectivo para exigir la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El amparo por discapacidad es una acción judicial rápida y efectiva que una persona con discapacidad puede iniciar para proteger sus derechos, como la cobertura de prestaciones de salud por parte de obras sociales o prepagas, cuando estos son vulnerados por una autoridad pública o un particular.
Este recurso busca garantizar la igualdad de condiciones y el acceso a servicios esenciales que suelen verse limitados por barreras o negativas de cobertura.
La decisión del presidente Javier Milei de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspender su ejecución hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas generó un fuerte rechazo en las asociaciones. Paralelamente, el Ejecutivo reasignó $121.364 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde otras partidas, aunque mantiene congelado el Programa Incluir Salud en su configuración actual.
Tras la publicación de la ley y del decreto en el Boletín Oficial, el Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad difundió un comunicado en el que señaló:
“Expresamos nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando esta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos».
El comunicado agrega: “Instamos a que se revierta esta situación de inmediato. Seguimos manifestando nuestra preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día”.
En la misma línea, la referente María Sánchez Snipe afirmó en diálogo con Puntal que promulgar la ley y no reglamentarla constituye “un atentado contra la Constitución nacional”.
Frente a este panorama, asociaciones y colectivos de la sociedad civil avanzan en la vía judicial con un amparo colectivo, en defensa del pleno acceso a los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.
