Abogados ambientalistas denuncian que el Gobierno de Milei se prepara para firmar un decreto que vulneraría gravemente a la ley que protege a los miles de glaciares nacionales, claves para la vida presente y futura de las y los argentinos.
Por Rodrigo Savoretti
Que los humanos somos más agua que huesos y carne, lo sabemos. Que sin agua no vivimos, también. Que somos un país con más agua que tierra, suele ser hasta poco creíble o difícil de asimilar. Que 11 provincias argentinas y 25 millones de argentinos dependen directa o indirectamente del agua de glaciares, tampoco es un tema conocido. En esta nota nos dedicaremos a ello: conocer qué son los glaciares, por qué son tan importantes y cuál es el peligro que actualmente corren.
Argentina se encuentra dentro del top 10 de países con mayor cantidad de glaciares, sumando un total de 16.960 glaciares y glaciares de roca registrados en su territorio continental, incluidos los 890 glaciares de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, según el Inventario del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
¿Qué son los glaciares y por qué son tan importantes para millones de compatriotas?
Los glaciares son entendidos como grandes fábricas de agua dulce, ya que se ubican en las cabezas de enormes cuencas hídricas altoandinas y dan vida a los cauces de importantes ríos, vitales para la vida de los territorios que atraviesan.
En otras palabras, el agua de deshielo de los glaciares es fundamental para el abastecimiento hídrico de nada más y nada menos que de once provincias argentinas con glaciares en su territorio.
Este bien común natural, proveniente de la columna vertebral de nuestra patria, la gran Cordillera de los Andes, es vital para la agricultura, el consumo humano y las actividades económicas de provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Los glaciares argentinos son quienes dan su nacimiento, como dijimos anteriormente, a ríos vitales para las distintas provincias, como el Río Santa Cruz, Río Manso, Río Mendoza, Río Grande, Río Chubut, Río Negro, solo por nombrar algunos.
Según el IANIGLA, 25 millones de argentinas y argentinos dependen directa o indirectamente de los glaciares, lo que representa más de la mitad de la población del país.
Fundamentales para la regulación hídrica y climática de estas regiones, los glaciares garantizan el caudal de los ríos, especialmente en épocas de sequía, mitigando el riesgo de desastres naturales como inundaciones o desertificación.
El negacionismo climático, ¿pone en peligro la integridad territorial?
Los glaciares son mucho más que grandes masas de agua en estado sólido. Actualmente están protegidos por ley, pero esa suerte puede cambiar próximamente, lo que amenaza la integridad territorial de estos bienes argentinos en los próximos años.
Días atrás, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (A.A.A.A) denunció que el Gobierno que encabeza Javier Milei prepara un decreto que vulneraría gravemente a la Ley 26.639 de protección de glaciares y áreas periglaciares.
El mandatario argentino niega la existencia del cambio climático. A pesar de las irrefutables pruebas y la innumerable producción científica que corrobora su existencia y consecuencias, Milei se excusa en su ideología extranjera (liberalismo) que entiende a esta problemática como una mentira de la izquierda mundial y la supuesta agenda woke (progresismo). Nada más alejado de la realidad que el ejecutivo nacional.
El negacionismo climático es postura ideológica, más no una garantía de la profundización del sistema agroextractivista que se lleva todas las riquezas argentinas al exterior de la Nación y deja pobreza y contaminación en el interior.
En ese sentido, Enrique Viale, integrante de la asociación antes nombrada, asegura que existe una intención cada vez más explícita de modificar o derogar la Ley de Protección de Glaciares.
Sectores de la minería, con apoyo de ciertos funcionarios, la consideran una ‘molestia’ y un ‘estorbo’ para sus operaciones. Las corporaciones mineras, como Barrick Gold, han realizado un intenso lobby para derogar la ley en su totalidad o eliminar los artículos que les prohíben realizar minería en glaciares y en el ambiente periglacial”, advierte Viale.
En una reciente entrevista, la exsecretaria de Energía de Alberto Fernández, Flavia Royón, afirmó que la Ley de Glaciares atenta contra el desarrollo minero del país.
Esta declaración, sumada a su viaje al Reino Unido en febrero de 2023 para promover la extracción de las riquezas nacionales, sugiere que tanto una parte dirigente del peronismo como el liberalismo tienen la intención de favorecer la llegada de capitales extranjeros sin el mínimo respeto a la integridad y soberanía territorial. Lo que también deja entrever la falta de un proyecto nacional, soberano y democrático en las principales fuerzas políticas del país.
Si se deroga o se debilita la ley, los glaciares argentinos enfrentarán el peligro de dejar de ser fábricas de agua dulce para convertirse en territorios de sacrificio bajo el control de empresas transnacionales.
Estas corporaciones, tales como Pan American Silver, Río Tinto, Glencore, entre otras, no solo ya saquean los recursos del país, sino que responden a los intereses de potencias extranjeras como el Reino Unido y Estados Unidos, naciones con un historial sistemático de destrucción y vulneración de las capacidades nacionales.
Días atrás, en el Congreso de la Nación, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, afirmó que es crucial que el Gobierno Nacional y los provinciales lleguen a un acuerdo sobre la ley de glaciares.
Cacciola sostuvo que es imposible no vincular el cobre con la Ley de Glaciares, ya que, según sus propias palabras, “el 75% de los proyectos de cobre necesita que el tema glaciares se resuelva, no podemos seguir escondiendo esta realidad”.
Si bien Cacciola representa a los empresarios mineros, detrás de él están también los gobernadores, quienes hace un tiempo atrás institucionalizaron la denominada Mesa del Cobre: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Todos de distintos partidos políticos, pero unidos para sentarse en la mesa donde los territorios argentinos representan el menú.
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Consecuencias del cambio climático y la megaminería a cielo abierto
A pesar de que desde el gobierno argentino se niegue la problemática del cambio climático, la región de los Andes Desérticos, que abarca el noroeste y norte de San Juan, está experimentando una pérdida constante de os glaciares argentinos,
Esto fue destacado por la Dra. Laura Zalazar, coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, durante su presentación en el 28º Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2025). Se registró:
- Pérdida de 7 m de agua equivalente en un glaciar monitoreado (2014–2023).
- Reducción del 17 % en hielo descubierto.
- Reducción del 23 % en manchones de nieve.
Las causas de la pérdida son dos:
- El cambio climático.
- La megaminería.
Por su parte, Enrique Viale advierte sobre las consecuencias inmediatas de una posible derogación o modificación de la ley:
“Al menos 44 proyectos mineros podrían avanzar sobre zonas de glaciares y periglaciares. Empresas como Barrick Gold ya han confesado en sus propios informes de impacto ambiental la presencia de glaciares en las zonas donde buscan operar”, advierte.
La minería a cielo abierto es un proceso extremadamente perjudicial para los territorios donde se instala. Representa un riesgo tanto para las áreas glaciares como para las áreas periglaciares, las cuales rodean las «fábricas de agua» y contienen hielo en su subsuelo. Al derretirse, este hielo también contribuye a las reservas hídricas, las cuales se verían afectadas por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas.
Estos proyectos mineros suelen ubicarse en grandes altitudes, consumen enormes cantidades de agua y utilizan químicos como el cianuro. Los desechos tóxicos que generan terminan filtrándose en las napas, contaminando las fuentes de agua y poniendo en riesgo la salud ambiental.
La Ley de glaciares justamente prohíbe esta actividad porque reconoce lo nocivo y dañino que sería. Cuando un glaciar se pierde, jamás se lo recupera. Los ríos nombrados al comienzo de esta nota se verían afectados, al igual que las economías regionales que alimentan.
Enrique Viale denunció que la reforma de la Ley de Glaciares permitiría la minería en el 99% del territorio protegido, dejando a la intemperie a los glaciares. Esto generaría un escenario de «discrecionalidad total», ya que las provincias podrían dejar sin protección a aquellos que no declaren de «relevancia hídrica», volviéndolos vulnerables.
Además, el abogado ambientalista señala que la propuesta excluye de la protección a todos los glaciares con una superficie menor a una hectárea, lo que considera un retroceso en la política ambiental del país.
Una ley nacida de la democracia callejera
La Ley de Glaciares argentina no surgió de la iniciativa política o empresarial, sino de una intensa lucha social impulsada por asambleas y organizaciones populares, principalmente en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza y Santa Cruz. Esta lucha enfrentó una fuerte resistencia, simbolizada por el veto a la primera ley (Ley 26.148) que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ejerció el 10 de noviembre de 2008 (Decreto 1837/08), un hecho popularmente conocido como el «veto Barrick Gold» debido a las presiones del lobby minero.
A pesar del veto inicial, la presión constante del movimiento socioambiental logró que el Congreso Nacional sancionara una segunda ley, la Ley 26.639 de «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial», aprobada en septiembre de 2010 y promulgada en octubre de 2010, durante la misma administración de Cristina Fernández de Kirchner.
De esta manera, la ley finalmente se consolidó, estableciendo el marco de protección vigente para estas reservas hídricas esenciales y hasta el día de hoy es una normativa considerada pionera en el mundo en su tipo.
Que Argentina todavía cuente con miles de glaciares y fábricas de agua dulce como no muchos países en el mundo, es gracias a la ley. Sin ley, el agua dulce argentina correrá riesgos y consecuencias que de concretarse serán casi imposible de revertir.
No es menos importante recordar que en 2017, Barrick Gold emitió un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, quien decidió rechazarlo. Lo que exhibe lo recurrente del lobby minero y la importancia de la organización popular en defensa de los glaciares.
“Esta ley es un símbolo de la democracia. Modificarla de forma unilateral y arbitraria no solo sería un grave retroceso ambiental, sino también un daño a la democracia por el origen popular de su sanción”, concluye Viale.
