Inicia el juicio por la manipulación de la investigación judicial del asesinato de Mariano Ferreyra. Tres ex funcionarios y un abogado, acusados.
A 15 años del asesinato de Mariano Ferreyra, comienza el juicio que determinará responsables por la manipulación judicial de su caso. Los acusados son los tres ex funcionarios: Ángel Luis Stafforini, Luis Ameghino Escobar y Susana Rita Planas, así como el abogado Octavio Luis Araoz de Lamadrid.
El juicio comenzó ayer, martes 19 de agosto y tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8. Los cuatro acusados habrían montado a comienzos de 2011 una operación para obstaculizar y manipular el proceso judicial que investigaba el asesinato de Ferreyra.
Mariano Ferreyra, joven de 23 años y militante del Partido Obrero, fue asesinado en una protesta por el pase a planta y reincorporación de trabajadores de la UGOFE, en año 2010. El caso fue a juicio y entre las más de 10 personas condenadas, Cristian Daniel Favale y Gabriel Sánchez recibieron penas de 18 años de prisión por ser los autores materiales del homicidio.
Paloma Ochoa, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, es quien lleva adelante la investigación del actual juicio. Los acusados habrían sido responsables de manipular la investigación del asesinato de Ferreyra para favorecer al fallecido sindicalista de la Unión Ferroriviaria, José Pedraza, y al resto de los procesados.
En el debate intervienen el fiscal titular de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D’Angelo.
Ante el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, el Ministerio Público Fiscal y la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) leyeron los requerimientos de elevación a juicio donde detallaron las maniobras investigadas y la responsabilidad de los implicados.
Qué se investiga en este nuevo juicio
En un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por Mariano Ferreyra, este juicio intenta determinar responsabilidades y culpabilidades en la manipulación judicial de su caso, que buscó favorecer mediante sobornos y tráfico de influencias a algunos procesados.
La investigación comenzó el 12 de enero de 2011, luego de que la jueza que tenía el caso por el crimen de Mariano Ferreyra detectara nuevos hechos delictivos que se desprendían de las escuchas telefónicas ordenadas en el expediente y que excedían el objeto principal de su causa.
El abogado Octavio Luis Araoz de Lamadrid está acusado por los delitos de tráfico de influencias agravado reiterado en dos oportunidades y cohecho activo.
El exvicepresidente de “Belgrano Cargas”, Ángel Luis Stafforini, está señalado como autor de dos episodios de cohecho activo (uno de ellos agravado).
Luis Ameghino Escobar, exfuncionario judicial e integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal, fue considerado partícipe necesario del tráfico de influencias y autor del delito de cohecho pasivo.
Por último, la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas, fue apuntada por su participación secundaria en dos episodios de cohecho activo, uno de ellos agravado.
También se encontraban imputados el ex agente de la Secretaría de Inteligencia (ahora, SIDE) Juan José Riquelme y el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, pero ambos fallecieron antes del comienzo del juicio oral.
Pacto y complicidad
La fiscalía señaló que “hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Ferreyra”.
Según las conversaciones que mantuvieron Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Pedraza y se incorporaron al expediente, hubo un “entramado de vínculos y negociaciones que se desarrollaron entre un grupo más amplio de personas, con roles precisos y diferenciados”, cuya finalidad era direccionar la designación de la Sala de la Cámara de Casación que intervendría en el expediente a partir de los recursos presentados por las defensas contra la decisión que les había negado la excarcelación.
Para ello, se encargarían de manipular el sorteo, de modo tal que fueran finalmente analizados por la Sala III de la Cámara Federal de la Casación Penal, en esa época conformada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, la predeterminación sobre el tratamiento de los recursos fue posible “gracias a las maniobras ilícitas orquestadas y desarrolladas” por los imputados.
“Los demostrados vínculos personales preexistentes que mantenían algunos de los procesados con los Magistrados que decidirían los recursos presentados en la causa sumado a la prometida y luego efectiva selección irregular de la Sala de la Cámara de Casación Penal que trataría el asunto, exhibieron cómo los agentes que aceptaron y recibieron la suma dineraria de los interesados para influir en las actuaciones; poseían una auténtica capacidad de afectar la actividad de la Administración de Justicia”, se explicó en esa pieza acusatoria.
Los cuatro imputados y los fallecidos Pedraza y Riquelme forjaron distintos pactos venales para manipular judicialmente la causa de Mariano Ferreyra.
Riquelme y Aráoz de Lamadrid recibieron por parte de Pedraza dinero, en cumplimiento de una promesa aceptada entre noviembre y diciembre de 2010, para hacer valer indebidamente su influencia ante el juez Eduardo Rafael Riggi -en esa época integrante de la Sala III de Casación y sobreseído en las presentes actuaciones-, y, directa o indirectamente a través del propio magistrado, sobre los restantes integrantes de la Sala.
De acuerdo con la evidencia recolectada, el 5 de enero de 2011, Riquelme percibió de la Unión Ferroviaria 3.500 pesos en concepto de “pago prometido”, a través de un cheque librado por esa suma. A su vez, también en cumplimiento de lo pactado, el 1 de febrero de 2011, Aráoz de Lamadrid recibió en su estudio 50 mil dólares de parte de Stafforini y de Planas. El dinero entregado fue en concepto del pago parcial del total de la dádiva acordada previamente. Supuestamente habían quedado pendientes de pago otros 25 mil dólares.
Esos 50 mil dólares provinieron del erario de la Unión Ferroviaria y/o de la compañía Belgrano Cargas SA. Por aquel entonces, el paquete accionario de Belgrano Cargas SA pertenecía a la “Unión Ferroviaria” en un 99% y aquella compañía, además, era presidida por la cónyuge de Pedraza y la vicepresidencia estaba a cargo de Stafforini.
Con respecto a Ameghino Escobar, en el requerimiento se especificó que si bien pudo haber cobrado pagos u obtener beneficios anteriores, se comprobó que la dádiva acordada con el funcionario se encontraba contenida -de manera total o en parte- en los 50 mil dólares que Aráoz de Lamadrid recibió.
A su vez, fue Araoz de Lamadrid, quien había sido compañero de trabajo por más de una década con Ameghino Escobar –ambos como colaboradores del juez Riggi-, quien se encargó “de manera personal de formular el ofrecimiento espurio a quien se desempeñaba en la función pública y estaba en condiciones de materializar la maniobra que garantizaría el resultado encomendado”.
El caso de Mariano Ferreyra sacudió al país, y se espera que de este juicio por la manipulación judicial de la causa resulten condenas a los responsables. El debate continuará el 2 de septiembre.
