La Corte de Apelaciones de Nueva York extendió la suspensión del fallo que ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. La medida mantiene en pausa la sentencia de la jueza Loreta Preska, que había fijado un pago de US$ 16.100 millones más intereses diarios superiores a US$ 2 millones contra la Argentina.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió extender la suspensión de la sentencia que ordenaba a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. La medida mantiene en suspenso el fallo de la jueza Loreta Preska, que había dictado que el Estado argentino debía transferir su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital.
En junio, Preska había determinado que el juicio por US$ 16.100 millones se cancele con las acciones estatales de YPF. La defensa argentina apeló esta resolución y presentó una cautelar a mediados de julio para frenar la transferencia.
Con la nueva decisión del Segundo Circuito de Apelaciones, Argentina podrá avanzar con la apelación. La condena de septiembre de 2023 incluye además un interés diario superior a US$ 2 millones.
Juicio contra YPF: diez años de litigio
El conflicto judicial por YPF comenzó hace diez años. Los fondos buitres compraron el litigio para avanzar contra Argentina y presionaron en diferentes instancias para quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera.
Según trascendió, Burford Capital no busca controlar YPF, sino asegurar el cobro de la suma más alta posible.
Quién es Burford Capital
El reclamo contra Argentina es encabezado por Burford Capital, un bufete inglés especializado en financiar litigios internacionales. Fundado en 2009, adquirió en 2015 la demanda del Grupo Petersen, accionista de YPF afectado por la reestatización.
Burford espera quedarse con el 70% de la indemnización, mientras que el 30% restante quedaría para la quiebra del Grupo Petersen. El otro demandante en el caso es Eton Park, accionista minoritario con sede en Nueva York.
La estrategia de defensa argentina
La defensa de Argentina en el juicio por YPF se sostuvo a lo largo de los distintos gobiernos con el objetivo de proteger la soberanía y el interés nacional.
Sin embargo, en la actual gestión surgieron tensiones. El presidente realizó publicaciones en redes sociales con argumentos favorables a los acreedores y designó a Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro Nacional. Este funcionario es socio del abogado Alberto Bianchi, testigo experto que declaró a favor de Burford Capital en la causa contra YPF.
