Con certeza podemos confirmar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a Cristina Fernández de Kirchner tiene un objetivo claro: sacarla del juego político. Muchas cuestiones y un mundo de posibilidades se abren en el plano político nacional. ¿Qué hay detrás de este fallo tan veloz? ¿Cómo se organiza el peronismo con su líder proscripta?
Por Agustina Etura, politóloga
La proscripción de un líder político ya tuvo lugar en la historia argentina, el pasado 10 de junio esto se volvió a repetir.
Si en el siglo XX la herramienta utilizada para prohibir partidos políticos y disciplinar a la dirigencia fueron los golpes de Estado llevados a cabo por las Fuerzas Armadas, este siglo XXI se caracteriza por el Lawfare, o guerra judicial, para intervenir en la política a través del Poder Judicial.
Nuevamente, CFK marca la agenda mediática y el clima social.
Crónica de la causa Vialidad
Resulta necesario repasar la causa judicial por la cual se condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Esta sentencia fue en el marco de la conocida como “Causa Vialidad” que comenzó su recorrido judicial, y mediático, tras la denuncia liderada por Elisa Carrió en 2008 sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Desde el inicio existieron irregularidades judiciales: la causa fue tomada por un tribunal de la provincia de Santa Cruz en 2013, donde se investigó y sobreseyó a los imputados al no obtener pruebas que demuestren su culpabilidad. Pero los principios constitucionales, entre los cuales se encuentra el principio non bis in idem que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, quedaron nulos en 2015 tras la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional.
Durante estos años se reactivó la causa, esta vez en tribunales de Comodoro Py, e incluso jueces que se habían declarado incompetentes años antes, como Julián Ercolini, participaron por pedido expreso de quienes comandaban el Poder Ejecutivo Nacional. Durante estos años se reforzó la persecución judicial y mediática contra la ex presidenta y su familia, desde causas presentadas ante tribunales como “dólar futuro” o “Memorándum con Irán” , hasta programas de televisión dedicados a propagar en el sentido común la idea de culpabilidad de los acusados, incluso sin poder presentar prueba fehacientes.
Ante las expectativas de una posible candidatura presidencial de Cristina, la causa vialidad fue elevada a juicio oral en 2019, con el objetivo de ser transmitida durante todo el año electoral pero Cristina sorprendió a propios y ajenos anunciando en mayo de ese año que sería Alberto Fernández quien encabece la fórmula presidencial peronista.
De esta manera evitaba que los medios de comunicación puedan influir en la campaña electoral haciendo de la “causa vialidad” los titulares principales de los medios durante esos meses. El Frente de Todos ganó las elecciones generales de ese año y el resto es historia.
Sería en el año 2022, mientras jueces y fiscales que intervenían en la causa jugaban al fútbol en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri y viajaban a reuniones secretas en Lago Escondido, usurpado por el magnate inglés Lewis, con vuelos privados pagados por el Grupo Clarín (detalles no menores que la Corte decidió ignorar), cuando el TOF N° 2 dictó la condena, y ante la recusación de la defensa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Junio de 2025 la dejó firme.
Así, Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un accionar veloz de la Corte, que solo tardó dos meses en recibir el expediente y sostener la decisión del TOF 2,
La proscripción, histórico recurso contra el peronismo
Hay un detalle que no puede ser pasado por alto: 2025 es un año electoral donde se renuevan bancas en el Congreso de la Nación y legislaturas provinciales. Días previos a la revisión de la Causa Vialidad por parte de la CSJN, Cristina Fernández de Kirchner había anunciado su candidatura a legisladora provincial por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, distrito que cuenta con un importante caudal de votos que podría garantizar la victoria peronista en la provincia más grande del país.
Hemos escuchado decir a la ex presidenta que “la casualidad no es una categoría política en la historia” y los actuales hechos no hacen más que confirmar la idea. Efectivamente, la condena a Cristina incluye la inhabilitación a ocupar cargos públicos, es decir, saca del juego político a la principal dirigente de la oposición, cuya centralidad política permanece hace más de 15 años.
Es necesario viajar en el tiempo al 5 de marzo de 1956, cuando en Argentina gobernaba de facto Aramburu bajo la denominada Revolución Libertadora, quien sancionó el decreto ley 4161/1956 que proscribió al Peronismo. Se prohibía mencionar a Perón, a Eva, utilizar símbolos, e incluso cantar la marcha peronista. El plan de los militares era claro: había que desperonizar a la Argentina. Casi 20 años duró esta proscripción hasta 1973, sin embargo en 2025 el ideal liberal de una Argentina sin peronismo sigue vigente. El fallo contra Cristina es una prueba de ello.
Esta vez la historia se repite pero actualizando las herramientas, si en el siglo XX fueron los distintos golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas quienes proscribieron al peronismo, en el Siglo XXI son los jueces a través del llamado Lawfare, es decir, el uso indebido del Poder Judicial para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación del adversario político, con apoyo de los poderes económicos y los medios de comunicación. Como pasa en Argentina también pasó en otros países latinoamericanos. Podemos mencionar los casos de Ecuador, tras la persecución judicial contra Rafael Correa, o Brasil contra Lula Da Silva, entre algunos casos emblemáticos.
Si tenemos en cuenta, no solo el accionar irregular de la justicia argentina, sino también los poderes de grupos económicos concentrados que vieron durante años amenazados sus privilegios por parte del kirchnerismo, y a quienes Cristina les dió nombres y rostros ante la sociedad remarcando sus responsabilidades frente al devenir económico del país durante los diferentes gobiernos, no queda duda que más de un grupo de poder puede verse beneficiado con el silencio de la ex presidenta, como se vieron beneficiados con la proscripción de Perón.
En todo este panorama, las más perjudicadas son las instituciones republicanas, las garantías constitucionales y la democracia argentina. Es por esto que el peronismo se encuentra entre la encrucijada de sostener estas instituciones, pero expresar su defensa en las calles, haciendo de la voz popular la mejor herramienta ante la destrucción.
Fue un miércoles 17 de octubre de 1945 cuando la clase trabajadora argentina se movilizó a Plaza de Mayo exigiendo la liberación de su líder Juan Domingo Perón, haciendo de ese evento su irrupción irreversible en la disputa de poder político del país. Este miércoles 18 de junio el peronismo vuelve a ser convocado contra la proscripción de su líder, quedará en las páginas de la historia por escribir saber si la militancia estuvo a la altura de las circunstancias.
