La intención de Milei representa una amenaza directa a uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos del país.
Mediante un decreto, el Gobierno nacional pretende modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares. El objetivo de la medida es reducir las zonas protegidas y habilitar nuevos proyectos de inversión minera, hidrocarburífera e industrial en áreas periglaciares.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, respondería a la presión del sector empresarial.
¿Qué plantea la Ley de Glaciares?
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial prohíbe toda actividad que pueda afectar las funciones hídricas de los glaciares y su entorno. Actualmente, contempla fuertes sanciones a los infractores, que incluyen multas de hasta 100.000 sueldos públicos y el cierre definitivo de los emprendimientos que operen en violación de la norma.
No obstante, la gestión de Milei trabaja en una interpretación más restrictiva de qué constituye una zona protegida. El nuevo decreto limitaría la protección a cuerpos de hielo de más de una hectárea, con una duración mínima de dos años y funciones hídricas comprobadas, siempre que estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.
La intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares representa una amenaza directa a uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos del país.
Su posible flexibilización, impulsada por sectores vinculados a la megaminería, podría habilitar la explotación de recursos en zonas hoy resguardadas, poniendo en riesgo fuentes de agua vitales en un contexto de crisis climática creciente.
