Después de la muy criticada medida en Villa Allende, el cerramiento de calles como medida contra la inseguridad comienza a plantearse en Córdoba.
El legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba, propuso el cerramiento provisorio de calles en la provincia de Córdoba como medida contra la inseguridad.
Agrelo presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone autorizar a la Policía de Córdoba a cerrar calles de manera provisoria cuando existan razones de seguridad.
La propuesta habilita a la Policía a establecer cerramientos transitorios, siempre que no exista una oposición explícita del 40% o más de los vecinos de la zona afectada, tomando como referencia el padrón de contribuyentes del impuesto inmobiliario provincial.
A su vez, también contempla la posibilidad de que los propios vecinos pidan el cierre: si al menos un 10% del padrón lo solicita, la Policía puede evaluar la medida, siempre bajo las mismas condiciones de oposición vecinal.
En todos los casos, la Policía deberá elaborar un protocolo que detalle el alcance de la medida: zona, materiales del cerramiento, días y horarios, arterias alternativas, personal involucrado y una fecha de revisión del cierre. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
El proyecto será evaluado en la Legislatura de la Provincia. Su antecedente es el caso de Villa Allende, que este año aprobó el cerramiento de algunas calles en horarios nocturnos, a pesar del gran rechazo de los vecinos.
Según Agrelo, su iniciativa simplemente dotaría de marco legal lo que ya ocurre de hecho en muchos barrios de la provincia.
Una propuesta prohibitiva
El legislador justificó su propuesta considerando que estamos en un «estado de necesidad», y que el proyecto sería un mal menor para evitar uno mayor.
Si bien entiende que la medida implica una limitación al derecho constitucional de libre circulación de las personas, la justifica bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad: “Preferimos reglamentar o limitar el derecho a transitar si de ello deriva la protección de la vida de las personas”, dijo Agrelo, con plena confianza de que su propuesta se traduciría en una reducción del delito.
También advierte que el proyecto no busca regular el tránsito (una competencia municipal) sino establecer mecanismos de excepción ante situaciones de inseguridad, con participación vecinal y revisión periódica. “La norma no pretende fijar sentidos de circulación ni instalar lomadas. Solo se trata de permitir cerramientos provisorios con fines preventivos”, aclara.
Si bien Encuentro Vecinal entiende que la raíz de los niveles en ascenso de delincuencia y violencia está en fenómenos más amplios de vulneración de derechos, y que esas cifras mejorarían con políticas de integración, educación, salud y trabajo, en lugar de proponer algo útil en relación a estas problemáticas plantea el cerramiento como una especie de solución provisoria: «mientras esas transformaciones no lleguen, es necesario ofrecer herramientas para proteger la integridad física de las personas y sus bienes».
El problema radica en que esta medida no soluciona nada y cae en el absurdo, como ya expusieron claramente los vecinos de Villa Allende: no solo atenta gravemente contra principios constitucionales como la libertad de circulación sino que plantea problemas de sentido común: afecta a los comercios de la zona, afecta el rápido ingreso y egreso de, por ejemplo, ambulancias frente a una emergencia de salud, y amplía la injerencia y control de una Policía acostumbrada a los abusos de poder sobre la población.
