La acción judicial fue promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a vecinos de sectores populares afectados por esta medida.
El Juzgado Federal de Pehuajó emitió una medida cautelar que suspende la eliminación total del patrimonio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una decisión que había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Además, la Justicia ordenó al Estado nacional presentar un plan concreto para la urbanización de barrios populares, con la amenaza de multas diarias para el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, en caso de incumplimiento.
La acción judicial fue promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a vecinos de sectores populares, afectados por esta medida.
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El FISU, creado a finales de 2019, tiene un rol central en la infraestructura de barrios populares en Argentina. Financiado a partir del Impuesto PAIS, el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas y contribuciones de organismos internacionales, este fideicomiso fue clave para ejecutar obras y mejorar las condiciones habitacionales en asentamientos y villas.
La eliminación del FISU anunciada a comienzos de este mes generó un fuerte rechazo entre organizaciones sociales y comunidades vulnerables, que ven en esta decisión un retroceso en la política pública destinada a combatir la desigualdad estructural en el acceso a la vivienda digna.
La medida judicial también obliga al gobierno a informar en un plazo de tres días sobre el estado financiero del Fondo, incluyendo saldos bancarios, inversiones y bienes fideicomitidos. Se sospecha que la intención oficial es reasignar estos recursos a otros fines, lo que incrementa la preocupación por el futuro de la política de integración socio urbana.
Cabe destacar que el FISU fue gestionado por la Secretaría de Integración Socio Urbana, conducida por Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Su objetivo era financiar proyectos de vivienda y regularización para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con un fuerte enfoque en la inclusión social y la mejora de la calidad de vida en sectores históricamente postergados.
En un contexto donde las desigualdades urbanas se profundizan y el derecho a una vivienda digna sigue siendo un reclamo urgente, la intervención judicial pone un freno temporal a un ajuste que puede significar un golpe directo a miles de familias.
