El viernes 14 de febrero a las 19, vecinos de la localidad de Sierras Chicas, marcharán a la comisaría para rechazar el proyecto de cerramiento nocturno de calles propuesto por el intendente Pablo Cornet.
Este viernes, vecinos de Villa Allende realizarán una movilización contra el proyecto de cierre nocturno de la circulación.
La iniciativa bajo la denominación “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal de la Ciudad de Villa Allende”, busca monitorear y controlar los accesos a los barrios por medio de “cierres estratégicos”, tras el aumento de robos en Sierras Chicas.
El proyecto del intendente del PRO, Pablo Cornet sería tratada en el Concejo Deliberante en marzo.
La propuesta es cerrar con rejas de 22 a 6 de la mañana las calles de la ciudad (excepto countries y barrios cerrados), medida cuyos costos operativos recaen sobre los vecinos.
También establece una emergencia de seguridad por un año a partir de la sanción del proyecto y autoriza la reestructuración de presupuesto para hacer frente a los nuevos costos derivados.
Desde que se dio a conocer la medida, vecinos de distintos barrios de esta localidad realizaron asambleas en las que se elaboró un documento y se solicitó al intendente una audiencia pública para poder expresarse respecto a por qué rechazan este proyecto.
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Cornet, quien a raíz de su iniciativa tuvo un cruce con la diputada Lilia Lemoine (LLA), viajó hasta Buenos Aires para buscar el respaldo de Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad) y Santiago Caputo (asesor presidencial).
¿Por qué se oponen los vecinos?
Además de realizar la movilización, los vecinos de más de 10 barrios de Villa Allende se están reuniendo en asambleas, elaboraron un comunicado y una junta de firmas en oposición al proyecto.
Los argumentos en contra son la carencia de “fundamentación técnica o estudio de antecedentes o estadísticas que avalen su iniciativa”, la restricción de la libertad de circulación, la segregación de los vecinos y la desvalorización de las propiedades, entre otros.
El intendente se limitó a señalar que su idea responde “a un pedido de vecinos” sin número ni procedencia, por lo que los vecinos afirman que “además de violentar derechos y leyes vigentes, el origen del proyecto está flojo de papeles”.
Los vecinos también denuncian que el horario establecido es arbitrario considerando que la mayoría de los robos ocurren de día, y que se pueden presentar inconvenientes como que la persona encargada no pueda asistir a abrir los portones y los deje encerrados.
Otro problema preocupante derivado del cerramiento es el de “evacuación y riesgo de vida que generarían los portones en los barrios anegables frente a una nueva inundación como la producida en la ciudad en 2015”.
El cerramiento también puede afectar la atención médica de urgencia, los casos de evacuación rápida por incendios e incluso la circulación de la propia policía.
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Cómo afecta en lo económico
Desde lo económico, el proyecto plantea dos desventajas fundamentales: la actividad comercial y el costo de la obra.
Por un lado, el cerramiento perjudica a los comerciantes abiertos entre las 22 y las 06, cuyas ventas pueden bajar debido a la incomodidad para los clientes de rodear los portones, aumentando distancias y tiempos.
Por el otro, la obra, con un costo de 600 millones de pesos y un mantenimiento mensual, recae sobre los vecinos quienes lo abonarían a través de un aumento de casi el 100% de la tasa municipal.
En cambio, señalan que ese dinero “podría ser invertido en otros ítems que hacen a la seguridad (mejora de iluminación, desmalezado de baldíos y cauce de los arroyos, bacheo de calles, nuevos móviles, etc.)”.
Para abandonar la iniciativa un 40% de los vecinos deben oponerse, algo que los vecinos consideran injusto y una maniobra política del Poder Ejecutivo.
La desigualdad se vuelve especialmente evidente considerando que los únicos que pueden votar son propietarios y titulares en el padrón de contribuyentes. Así se deja fuera de la toma de decisiones a inquilinos, que conforman una parte muy importante de la población.
