La docente e investigadora Ana Carol Solís trabaja sobre los memorandos policiales de la última dictadura, exponiendo un entramado de vigilancia, asesinatos y desapariciones con 518 víctimas.
A 50 años del golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar, cobra especial relevancia el trabajo de la investigadora y docente Ana Carol Solís sobre cómo se organizaba la represión del régimen de facto en la Universidad Nacional de Córdoba.
Solís recupera memorandos policiales federales reservados que exhiben los mecanismos de vigilancia y control sobre estudiantes, docentes y no docentes que ejerció el gobierno de facto sobre la población universitaria cordobesa.
En diálogo en el programa especial de los SRT por el #24M, Solís subrayó que «hay un proceso de reapropiación de la sociedad en términos de Memoria, Verdad y Justicia. Han florecido iniciativas de distinto carácter que son fundamentales en este momento».
Los militares le tenían miedo a la educación
El trabajo de Solís exhibe la vigilancia extrema de las fuerzas de seguridad sobre las universidades: «El ámbito estudiantil y universitario era sumamente importante para las tareas de la comunidad informativa de inteligencia que funcionó en Córdoba en el año 75 hasta el 77», señaló.
El gobierno militar catalogó a la Universidad Nacional de Córdoba como posible “foco de surgimiento del enemigo subversivo”. En esa línea, los memorandos policiales especifican el interés por «documentar quienes eran las autoridades universitarias que iban tomando el rango de los decanatos de cada facultad. Esas eran tareas habituales de la policía. Era una tarea de reunir información e identificar posibles amenazas«, explicó la investigadora.
El gobierno de facto era consciente de que uno de los mayores núcleos de resistencia al fascismo es la educación. Es por ello que se volvió una prioridad para el terrorismo de Estado el control sobre colegios secundarios y universidades: colocar autoridades afines al régimen, censurar contenidos en las currículas, infiltrar soldados entre estudiantes, cerrar cátedras y carreras, prohibir las agrupaciones estudiantiles, confeccionar listas negras de estudiantes, docentes y no docentes, vigilar especialmente aquellas carreras en las que se cuestionara ese orden social o con una historia de organización y participación política activa.
«Para la policía fue una amenaza la primera cohorte de los recibidos en la Escuela de Ciencias de la Información«, precisó Solís. Esta Escuela fue cerrada directamente después del golpe de Estado.
Más de 500 personas en la UNC fueron víctimas: perseguidas, asesinadas y/o desaparecidas por el régimen militar. A menudo, con la complicidad civil de las autoridades universitarias, que señalaban y entregaban a sus compañeras y compañeros.
En la actualidad, distintos profesionales trabajan para reparar los legajos de esa de quienes formaban parte de la comunidad universitaria y desaparecieron, o debieron abandonar sus estudios por la persecusión.
«A 50 años ya tenemos bastante información para pensar que los espacios sociales e instituciones no fueron meros escenarios de la actividad represiva», subrayó Solís. En la universidad se vigiló, controló, censuró y reprimió a la comunidad educativa, considerada especial semillero de personas contestatarias al terrorismo de Estado.
«La universidad es escenario pero también participó, a través de toda su reconfiguración, sus propias prácticas y modos de incidir en generar una reorientación que fue fundamental. La UNC tiene a la fecha un listado de 518 víctimas, asesinados o desaparecidos», finalizó.
