El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI) emitieron un comunicado y lanzaron la campaña «Vanessa debe volver». Desde febrero, la joven enfermera fue expulsada y no pudo reecontrarse con sus hijos.
Vanessa Gómez Cueva fue expulsada del país hace cinco meses por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. El 1 de fenrero, la Policía Federal la detuvo y llevaron a ella y a su bebé hasta el aeropuerto de Ezeiza. Allí, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima.
La justificación del Gobierno se basó en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes que Vanessa cumplió en 2014. Desde aquel entonces, la joven enfermera, oriunda de Perú, no puede ver a sus otros dos hijos de seis y catorce años.
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Para la Dirección Nacional de Migraciones no fue suficiente que Vanessa ya hubiera cumplido su sentencia y haya buscado una mejor vida estudiando y graduándose para luego trabajar como Técnica Superior en Enfermería.
Por este motivo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI) presentaron la campaña «Vanessa debe volver» y difundieron un video a través de las redes.
Allí, participaron cinco mujeres activistas y referentes de la cultura: la actriz Dolores Fonzi; la abogada feminista Nelly Minyersky; la periodista deportiva Ángela Lerena; la cantante y activista Conni Isla y la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Juana Garay
Además, mediante un comunicado, la organizaciones indicaron: “En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina que ha derivado en violaciones que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. En 2017 el gobierno nacional modificó por decreto la ley de Migraciones. Con estos cambios las expulsiones de migrantes se incrementaron y están basadas únicamente en la existencia de antecedentes penales sin tener cuenta el arraigo y las situaciones familiares de los y las migrantes. Vanessa no es la única que vive esta situación extrema”.
