Agostina Vega tenía 14 años cuando desapareció el sábado 23 de mayo. Esa misma tarde, su familia fue a la Comisaría 13. No les tomaron la denuncia. «No nos dieron importancia», dijo entre lágrimas la abuela Elizabeth. Desde ese sábado hasta el lunes, nadie de las autoridades judiciales los escuchó.
La Alerta Sofía —el sistema de búsqueda urgente para menores en riesgo inminente— se activó recién el miércoles. Más de 80 horas después de que Agostina fuera vista por última vez. Cuatro días de demora mientras el femicida tenía tiempo de actuar, de borrar rastros, de construir una coartada.
El 30 de mayo apareció su cuerpo en un descampado de Ampliación Ferreyra. Enterrado. Desmembrado. Con signos de abuso sexual. El fiscal Raúl Garzón defendió los tiempos institucionales. El Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros admitió que nadie puede esperar cinco horas para que le tomen una denuncia. Esa admisión llegó tarde. Demasiado tarde para Agostina.
El acusado de matarla era puntero político y barrabrava
El principal acusado es Claudio Barrelier, conocido de la familia y empleado municipal. Además, era puntero político y barrabrava de Instituto. Está imputado por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Niega los cargos.
Barrelier ingresó como becario municipal en 2021. En 2025 pasó 20 días preso por privación ilegítima de la libertad y fue ascendido días antes de matar a Agostina. El Estado lo vio en todo momento y no hizo nada.
Las cámaras de seguridad del sector registraron a Agostina ingresando a la vivienda de calle Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, el sábado 23 de mayo, luego de tomar un remis desde su casa en barrio General Mosconi, con la supuesta intención de coordinar una «sorpresa» para el cumpleaños de su madre. Esa fue la última vez que se la vio con vida.
Junto a Barrelier, hay otras dos personas detenidas: Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado y sospechada de haber colaborado en las maniobras para ocultar el crimen, y Osvaldo Fassetta, también imputado por encubrimiento agravado, cuya participación logística en el traslado del cuerpo hacia el descampado del sur de la ciudad está siendo investigada.
El dolor de una familia que no puede volver a la normalidad
Hoy se cumple un mes exacto. Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina, habló esta mañana en Canal 10: «Hoy a las 22.30 de la noche va a hacer un mes exacto que no veo a mi nieta».
Contó que, entre la internación de su hija Melisa, las reuniones con el fiscal y el abogado Carlos Nayi, «ha sido un mes durísimo, no tenemos cabeza para volver a abrir el negocio», un local de venta de empanadas en barrio General Mosconi. «Nuestra vida no va a volver a la normalidad nunca», expresó.
Sobre la mamá de Agostina, Miguel fue tajante en la misma entrevista: «Melisa no está en condiciones de saber todo. Está bien físicamente, pero psicológicamente no. No la dejamos sola, siempre está con alguien. Le hemos bloqueado algunos canales de televisión».
Y también salió a defender la memoria de su nieta ante las versiones que circularon en el último mes: «Se han dicho muchas cosas. Mi hija no la entregó. Mi hija no era prostituta, mi nieta tampoco, tenía 14 años, era una nena. No estaba metida en el mundo de la droga», señaló en Canal 10.
¿Hubo más cómplices?
El abuelo también anticipó en Canal 10 que confía en que habrá más detenidos: «en esa casa había mucha gente y no puede ser que nadie haya escuchado o visto nada. Mi nieta se defendió, debió haber gritado, pedido auxilio, alguien tiene que haber escuchado algo».
En la misma línea, la abogada Fernanda Alaniz, que representa al padre de Agostina, Gabriel Vega, confirmó que presentará un pedido formal ante el fiscal Garzón para solicitar la imputación de una pareja de jóvenes que residía en la planta alta de la vivienda de barrio Cofico. Según sostiene la querella, resulta inverosímil que quienes compartían la vivienda desconocieran lo que ocurría en el lugar.
En las últimas horas, la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón dispuso el levantamiento del secreto de sumario, una medida que habilitó a las partes involucradas a acceder de manera formal al expediente técnico.
La pregunta que sigue en pie
Fueron la presión social, las organizaciones feministas y los medios los que obligaron al Estado a moverse. Los que convirtieron una denuncia ignorada en una causa que no podía seguir cajoneada. El 3 de junio, en el undécimo aniversario del primer Ni Una Menos, la familia marchó en el centro de Córdoba. La abuela pidió algo que parece elemental y que el Estado no pudo garantizar: que quienes reciban una denuncia se pongan en el lugar del otro.
Hoy se cumple un mes. Hay tres detenidos, una causa que avanza y una familia que no puede abrir el negocio, que bloquea canales de televisión, que cuida a una madre que no está en condiciones de saber todo. La pregunta que queda es incómoda pero necesaria: ¿hasta cuándo el Estado va a necesitar que una familia llore en público y una plaza se llene de gente para hacer lo que debería haber hecho desde el primer momento?
