La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó nueva documentación sobre un alquiler en un exclusivo country bonaerense vinculado a su madre y a su tío.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento que profundiza las sospechas sobre la evolución de su patrimonio y los gastos de su círculo familiar. La Justicia incorporó al expediente información sobre el alquiler de una vivienda en el exclusivo country Fincas de Iraola II, en Berazategui, donde reside su madre, Silvia Pais.
Según la documentación obtenida por la fiscalía, el contrato de locación no fue firmado por la madre del funcionario sino por su tío, Juan Pais. El acuerdo estableció un alquiler mensual de 1.100 dólares por un plazo de dos años, aunque el primer año habría sido abonado por adelantado mediante un pago en efectivo de USD 12.000. A ese desembolso se suman expensas cercanas a los 500 mil pesos mensuales.
La información surgió a partir de un requerimiento judicial dirigido a la administración del barrio privado, que debió entregar contratos y registros de pagos vinculados a la propiedad. Los investigadores analizan ahora el esquema contractual utilizado y el origen de los fondos empleados para afrontar el alquiler.
El dato adquiere especial relevancia porque la mudanza se concretó a comienzos de junio, cuando la situación patrimonial de Adorni ya se encontraba bajo la lupa de la Justicia y del sistema político. La causa busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y una serie de gastos que, según la reconstrucción realizada por la fiscalía, superarían ampliamente los niveles compatibles con sus ingresos conocidos.
La aparición de Juan Pais en el expediente amplía además la participación de familiares directos en una investigación que ya había alcanzado a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual legislador bonaerense. Días atrás, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó su declaración indagatoria tras detectar inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía observó contradicciones entre los montos declarados por ambos hermanos respecto de una supuesta herencia familiar. Como consecuencia, Francisco Adorni debió rectificar en dos oportunidades la información patrimonial presentada, incluyendo una corrección que redujo significativamente los bienes originalmente declarados.
Mientras tanto, la investigación continúa sumando medidas de prueba. Entre los elementos incorporados recientemente figura también el análisis del teléfono celular del empresario Matías Tabar, considerado uno de los testigos clave de la causa. De allí surgieron registros de consumos y adquisiciones que forman parte del análisis patrimonial realizado por el Ministerio Público Fiscal.
Uno de los gastos que llamó la atención de los investigadores fue la compra de un juego de sábanas de alta gama valuado en alrededor de 8 millones de pesos, una cifra que, según la causa, superaba ampliamente el salario que percibía Adorni cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
De acuerdo con estimaciones preliminares reconstruidas por la fiscalía, los gastos atribuidos al funcionario y su entorno familiar rondarían el millón de dólares. A la espera de un informe contable definitivo, el fiscal Gerardo Pollicita continúa reuniendo evidencia para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una citación a indagatoria.
El expediente, que comenzó analizando la evolución patrimonial del actual jefe de Gabinete, se transformó con el correr de los meses en una investigación más amplia sobre contratos, movimientos de dinero, declaraciones patrimoniales rectificadas y gastos difíciles de justificar.
