Trigo transgénico: la carta de rechazo de cientos de científicos

Profesionales del Conicet y de 30 universidades públicas del país se manifestaron en un documento abierto dirigido al Gobierno nacional. Remarcan los peligros del glufosinato de amonio.

Foto: Ecoportal.

El rechazo al trigo transgénico HB4 por parte de científicos y científicas nacionales era de esperar. Más de 1000 profesionales se manifestaron en contra del cereal creado por la empresa Bioceres-Indear y la bioquímica Raquel Chan. En una carta abierta le piden al Gobierno que dé marcha atrás con la aprobación.

Tal como lo había adelantado El Resaltador, el pasado 9 de octubre se dio a conocer a través del Boletín Oficial la Resolución 41/2020. La misma daba el visto bueno a la producción de la “ semilla, de los productos y subproductos derivados provenientes del trigo IND-ØØ412-7”.

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“Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias”, indican al comienzo del documento.

La carta remarca la existencia de “cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales”.

Además, explican que “es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”.

Los argumentos del rechazo:

  • El uso intensivo de agrotóxicos. “La agricultura basada en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), tolerantes a diversos herbicidas selecciona a las malezas resistentes que proliferan, lo cual obliga a aumentar las dosis, a realizar mezclas de múltiples activos y a su vez recurrir al consumo de nuevos herbicidas más potentes”, detallan en la carta.

Según los y las profesionales, en Argentina “se usan más de 525 millones de kg/litros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo), esparcidos en miles de millones de litros de caldos de aplicación. La autorización del trigo resistente al glufosinato de amonio implicará aumentar aún más ese volumen”.

  • El glufosinato de amonio es un herbicida que es 15 veces más tóxico que el glifosato. No sólo “es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas sino que también se aumenta la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, con el consecuente aumento en la dependencia del uso de más agroquímicos”.
  • Existe también una contaminación del agua dulce y una penetración de los tóxicos hacia las napas subterráneas “aumentando la lixiviación del nitrógeno de los suelos”.
  • La extensión de la temporada de fumigaciones, pasando a ser prácticamente todo el año.
  • El trigo es una parte muy importante de la mesa de los y las argentinas. “El trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria”, explica el documento.
  • Un punto importante, es el cruzamiento de cereales. “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico, entre otras cosas por la llamada ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización. El trigo se autofecunda en un gran porcentaje, pero también se cruza con otros cultivos de trigo que se encuentren en las cercanías”.
  • El modelo y producción pensado en la explotación de suelos. Este mercado basado “en precios internacionales han llevado a un avance descontrolado de la frontera agrícola en las últimas décadas para ampliar las áreas de cultivo en nuestro país” y no se toma en cuenta “ninguna consideración respecto a las consecuencias ambientales de este emprendimiento”.
  • El desmonte, el avance contra los pueblos originarios y la pérdida de saberes. “Esta expansión avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas”.

Pueden firmar la carta aquí.

Esta práctica atenta de esta manera contra las funciones de los ecosistemas que permiten una regulación climática e hidrológica. Producen “impactos indirectos sobre otros ecosistemas tales como la degradación de los humedales por la intensificación  de la actividad ganadera desplazada de las tierras altas o la formación de ‘ríos nuevos’ por cambios profundos en el ciclo hidrológico”, entre otras consecuencias.

Por último, la carta pide un debate democrático sobre “el modelo de la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico”.

El rechazo por parte de la comunidad científica lleva a preguntarnos hasta cuando vamos a apostar por un modelo que no intenta revertir los daños al medio ambiente, sino que los intensifica y busca adaptarse a ese caos. El ecocidio es inminente al igual que el aumento de la brecha entre ricos y pobres, o en este caso entre mega-industrias y pequeños productores.

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