Registraron 69 crímenes de odio contra la población LGBTIQ+

Los datos se desprenden del último informe del 'Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+', que abarcó el primer semestre del año.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 69 crímenes de odio, es decir, la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Del total de estos crímenes, el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 16% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último, con el 2% los varones trans.

¿Qué más reveló el informe? que el 46% de los crímenes (32) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir son asesinatos, suicidios y muertes por ausencia estructural del Estado.

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19 % de los casos son asesinatos; el 6%, suicidios, y el 75 % restante son muertes por abandono y/o ausencia estructural del Estado.

En relación al último punto, hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estructural del Estado -todas ellas fueron de mujeres trans-.

Del total de crímenes, el 54 % de los casos (37) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.

Desde la Federación Argentina LGBT (FALGBT), organismo que forma parte del Observatorio que presentó los datos, expresaron que: "En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal".

En ese sentido, señalaron que al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: "sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas".