¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli?

Temporalmente, no serán removidos pero sus cargos no son definitivos: deberán participar de un concurso que abrirá el Consejo de la Magistratura, ser designados por el Poder Ejecutivo y luego aprobados por el Senado.

Por Cristian Dominguez

La Corte Suprema de Justicia dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanezcan en los cargos para los que habían sido trasladados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos y se cumpla el proceso que marca la Constitución.

El máximo tribunal llegó a esta resolución con los votos de una mayoría integrada por Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en tanto que Elena Highton de Nolasco lo hizo de modo concurrente y Carlos Rosenkrantz, en minoría y disidencia.

Pasando en limpio, la CSJN entendió que existe un "unico" procedimiento para designar jueces, el cual consta de tres pasos: la selección de una terna de aspirantes por parte del Consejo de la Magistratura, la elección de un candidato o candidata por el Ejecutivo y el acuerdo del Senado para su designación. Este último paso nunca se dio para el traslado de Bruglia y Bertuzzi.

Temporalmente, ambos no serán removidos de sus cargos de traslado, y todos sus actos anteriores y posteriores al fallo serán válidos. No obstante, la Corte rechazó la acción de amparo que habían presentado para que se entendieran como "definitivos" sus cargos.

"Nunca hubo en el derecho argentino ni en la designación de los actores una referencia a que el traslado sea definitivo, por lo tanto, no hay derechos subjetivos ni aplicación retroactiva de la ley", dijo la Corte en sus fundamentos y concluyó: "Las costumbres contrarias a la Constitución no generan derechos".

Si quieren permanecer en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, deberán concursar para los cargos junto a otros postulantes en el Consejo de la Magistratura, como parte del trámite habitual de designación de magistrados. Luego, como lo determina la Constitución, su traslado deberá tener el aval del Senado.

En el fallo, la CSJN también exhortó al Congreso Nacional a que dicte una ley que reglamente el traspaso de los magistrados y puedan así salvarse conflictos de poderes y de interpretación de las normas constitucionales que atañen a los jueces, sus designaciones y funciones.

¿Y Castelli?

Por un pedido especial realizado por Maqueda y Rosatti, el caso de Castelli fue aplazado para el jueves, pero tiene características similares a los resueltos hoy.Bruglia y Bertuzzi. 

Antecedente

Tanto Bruglia como Bertuzzi eran jueces del Tribunal Oral Federal 4 cuando fueron trasladados en 2018, por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, a la Cámara Federal porteña. Por su parte, Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegó a ese puesto trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, y es uno de los magistrados que tiene que juzgar la causa de los “Cuadernos”.

Los tres fueron trasladados por decreto sin aprobación del Senado. Esta situación fue considerada “irregular” por el Consejo de la Magistratura, el organismo que pidió al Senado que revea la situación. Por esta razón, la Cámara alta, sesionó, debatió y les rechazó su designación en septiembre.

Sin embargo, los jueces interpucieron un amparo y pidieron abrir un per saltum -un recurso para que la cuestión de fondo la resuelva directamente la Corte Suprema-, la cual fue aceptada y resuelta este martes 3 de noviembre.

El voto negativo de Rosenkrantz

De acuerdo con el argumento de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, si se considera "definitivo" un traslado, automáticamente se estarían convalidando dos opciones para el nombramiento de jueces, con lo cual quedaría habilitada la posibilidad de "designaciones discrecionales" que afectarían la independencia del Poder Judicial.

En su voto en minoría, Rosenkrantz, el presidente del tribunal, reiteró la "gravedad institucional" que a su entender supuso el desplazamiento de los jueces y que la suspensión de sus traslados representaba una violación a la "garantía de inamovilidad" que consagra la Constitución para los magistrados.