Primer denuncia colectiva por violencia contra la libertad reproductiva

La importancia de las acciones colectivas para proteger los derechos de las mujeres y diversidades.

En Córdoba, por primera vez se inscribió un proceso colectivo por violencia contra la libertad reproductiva.

Esta denuncia de violencia de género fue iniciada por mujeres que intentaron acceder a la ligadura tubaria, que fueron asesoradas por la CLIP – Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba-, Católicas por el Derecho a Decidir y ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-.

¿Cuál es la novedad? Que esta iniciativa obtuvo inscripción como acción colectiva en defensa del derecho colectivo a la libertad reproductiva.

Las organizaciones que acompañaron el reclamo, señalaron que “por primera vez la justicia cordobesa reconoce que las violencias y discriminación contra la libertad reproductiva pueden tener carácter estructural y sistemático contra las mujeres usuarias del sistema de salud”.

¿Qué se busca con esta acción iniciada fines del 2019? El cese de violaciones a los derechos reproductivos por parte del Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Castillo.

Siguiendo al punto anterior, también se pretende “el emplazamiento al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para que adopte todas las medidas necesarias para evitar futuros hechos de violencia que obstaculicen el ejercicio de la libertad reproductiva”.

Hace más de 14 años que se sancionó la Ley N° 9344 de Intervenciones Quirúrgicas de Contracepción en el ámbito del servicio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, pero todavía hay barreras.

Quienes impulsaron la denuncia indican que “existen diversos e ilegales obstáculos que impiden a las mujeres ejercer plenamente su derecho a acceder a una Ligadura de Trompas de Falopio como garantía de la libertad reproductiva”.

Las agrupaciones nombradas anteriormente, consideran que las acciones colectivas son una herramienta para reclamar que el Estado cumpla con su obligación de prevenir la vulneración de los derechos.  

“Es obligación del Estado, en todos los niveles de gobierno, garantizar el derecho humano de las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia, generando políticas activas para prevenir todas las violencias”, resaltan mediante un comunicado.

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