En las últimas horas de este jueves, comenzó a circular la noticia de que el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva podría salir en libertad luego de 597 días de cárcel.
¿Qué pasó? No es que lo hayan declarado inocente, el caso todavía no se terminó de juzgar.
Lo que sucedió fue que el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó por 6 votos a 5 que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles y ya no inmediatamente después de la confirmación de la sentencia por una corte de segunda instancia.
La prisión de segunda instancia, vigente desde 2016, ha sido una de las principales armas de la investigación Lava Jato sobre una trama de corrupción en Petrobras, que llevó tras las rejas a decenas de políticos y empresarios de primer plano.
Los embates en el STF se dieron en torno a un artículo de la Constitución de 1988, que afirma que “nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria”.
De esta manera, que Lula da Silva esté privado de su libertad pasa a ser algo inconstitucional.
El equipo de abogados que defiende al ex mandatario emitió una carta ayer anticipando que se reunirán con él y pedirán su “liberación inmediata”.
“Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)”, informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.
En torno a los rumores de que, con este fallo podrían ser liberadas 4.895 personas, cabe aclarar que no vale para todos igual porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
