Durante el alegato se explicó que los imputados dispararon al menos 151 veces con munición letal y que ninguna persona de la comunidad mapuche estaba armada. La querella solicitó la pena máxima.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió prisión perpetua para los prefectos acusados del crimen de Rafael Nahuel. La solicitud fue durante el alegato en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal de General Roca.
Las acusados Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García están imputados por haber asesinado por la espalda al joven mapuche el 25 de noviembre de 2017, mientras participaba de la recuperación territorial de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en Río Negro.
Los prefectos llegaron a juicio imputados por la fiscalía como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. Sin embargo, el abogado Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, negó que se haya tratado de un enfrentamiento y reclamó la pena máxima para los cinco integrantes de la fuerza.
Según los fundamentos de Przybylski, los cinco prefectos son “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la fuerza de seguridad, en perjuicio de Rafael Nahuel Salvo”.
Durante el alegato se explicó, entre otros aspectos, que los imputados dispararon, en total, al menos 151 veces con munición letal, que los imputados no tenía armas no letales y que tenían la indicación de esperar refuerzos y que, sin embargo, desobedecieron la orden y salieron a matar.
Asimismo, afirmaron que ninguno de los miembros de la comunidad tenía armas de fuego, y que solo se defendieron lanzando piedras frente a una persecución y una balacera con balas de plomo por parte de los agentes de la fuerza de seguridad.
Por último, solicitó que en la parte resolutiva del fallo se reconozca a Rafael Nahuel Salvo como víctima de violencia institucional y que, si el Tribunal hace lugar al pedido, “que se ordene, se dicte la prisión preventiva y la inmediata detención” de los cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
