Entre las normativas anunciadas por el Gobierno nacional, se destacan el pago obligatorio de los servicios de salud y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes migrantes que no tengan residencia permanente.
El presidente Javier Milei anunció una serie de reformas migratorias que marcan un giro significativo en la política del país hacia los migrantes. Estas medidas, que incluyen restricciones en el acceso a servicios públicos y procedimientos más estrictos para la residencia y deportación, son controversiales y generan debate.
La iniciativa fue anunciada por Manuel Adorni, el vocero presidencial. No obstante, Milei ya la había anticipado en su discurso del 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Dicha medida apunta a mayores restricciones para residentes temporarios, transitorios e irregulares en el país. Entre ellas, se destacan el pago obligatorio de los servicios de salud y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes migrantes que no tengan residencia permanente.
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Adorni afirmó, además, que «todos los condenados por cometer un delito serán deportados» y que, bajo la nueva normativa, se endurecerán los requisitos para acceder a la residencia y a la ciudadanía. «Se va a dar a los que residan dos años sin abandonar el territorio nacional», ratificó.
En cuanto a los recursos públicos, el representante del partido libertario afirmó que «solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos para atender extranjeros. Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno, eso se termina».
¿Qué sucederá en Córdoba?
El anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de reformas migratorias generó inquietud entre las comunidades migrantes en Córdoba.
Las medidas fueron recibidas con preocupación por parte de organizaciones que representan a inmigrantes en la provincia. Marta Guerreño López, titular de la Unión de Colectividades de Inmigrantes en Córdoba, cuestionó la veracidad de las cifras presentadas por el gobierno, como la afirmación de que «ingresaron un millón 700 mil inmigrantes ilegales».
Guerreño López expuso que «le encantaría saber de dónde sacan esos números» y calificó las motivaciones oficiales como «humo pre-electoral, basadas en datos nada serios».
Desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), también se manifestaron respecto a estas políticas. Claudia Torcomian, secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, señaló que el arancelamiento a estudiantes extranjeros «no es una prioridad» para la institución. Torcomian destacó que solo el 1% de la población estudiantil es extranjera, y que el 98% de ese porcentaje proviene de países del Mercosur, lo que implica que muchos de ellos obtienen rápidamente la residencia.
En cuanto a la atención médica, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, aclaró que la provincia ya cuenta con un sistema de reintegros que permite recuperar los costos de atención a pacientes extranjeros a través de facturación a obras sociales o prepagas. Pieckenstainer enfatizó que «no vamos a rechazar atender a pacientes extranjeros. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer».
Estas reacciones reflejan la tensión existente entre las políticas migratorias propuestas por el Gobierno nacional y la tradición de inclusión y acceso universal a servicios públicos que caracteriza a instituciones en Córdoba. La implementación de estas medidas y su impacto en la comunidad migrante continúan siendo temas de debate y análisis en la provincia.
