Contra un decreto que desregula el nomenclador que fija los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación, se realizará una movilización el miércoles 29 de mayo en Córdoba.
Este miércoles 29 de mayo se realizará una movilización contra un decreto que desregula los aranceles de prestaciones para servicios de discapacidad.
La actividad es coordinada por Federación Converger, el Colegio de Psicólogos de Córdoba, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión y otras organizaciones e instituciones. La convocatoria es a las 9:30 en el Parque de Las Heras, para dirigirse a la sede de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) en la ciudad de Córdoba, sita en calle 9 de julio 360, para entregar un petitorio.
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director acual de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado de Javier Milei en distintas oportunidades.
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— Mufuva (@Hipoacusicaarg) May 16, 2024
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Las organizaciones que movilizarán contra el decreto que desregula los aranceles de prestaciones para discapacidad indican en la gacetilla que «los involucrados de todo el país nos manifestamos para expresar nuestro enérgico rechazo al mismo».
«Dicho Proyecto de Decreto pretende desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de
Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Entendemos que esta desregulación
destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir y que hoy se adecua a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para nuestra patria».
Como mencionamos, el decreto establece que cada financiador (PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud) podría fijar los aranceles de manera autónoma y arbitraria. Señalan que «instauraría una práctica discriminativa supeditada a los valores que sus coberturas médicas establezcan, en donde habría personas que tendrán acceso a coberturas de primer, otras de segunda y también de tercera y cuarta».
A su vez, solicitan el apoyo de la sociedad cordobesa para defender los derechos de las personas con
discapacidad, de sus familias y de todos los trabajadores que cotidianamente brindan los servicios
y la atención que ellos necesitan.
