Será modificada la resolución del Gobierno nacional que permitía el uso de las palabras «idiota», «imbécil» y «débil mental».
Tras el repudio masivo de la población, la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) modificará la Resolución 187/2025, en la que insulta a personas con discapacidad clasificándolas como «idiota», «imbécil», «débil mental» y «retardado».
La resolución fue publicada el 16 de enero y no tardó en generar el repudio generalizado de la población.
El problema no son solamente los insultos, ya de por sí muy graves: el objetivo de la resolución es dificultar el acceso a las pensiones por discapacidad, en el marco de un recorte de 900.000 millones de pesos.
La resolución cambiará el vocabulario con el que se refiere a las personas discapacitadas, pero no el recorte millonario a sus derechos.
La ANDIS es dirigida por Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente Javier Milei. Spagnuolo ocupa el lugar de director de la institución sin ninguna experiencia previa relacionada.
¿Qué dijeron las organizaciones?
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red Argentina Trisomia 21, declararon:
Estas expresiones, además de ser inaceptables desde una perspectiva ética y de derechos humanos, refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.
El secretario general de la ASDRA, Alejandro Cytrynbaum, dijo en Página 12: «Todavía no salgo de la incredulidad. Son insultos gratuitos, pero sobre todo son expresiones vetustas, que dejaron de utilizarse hace más de 70 años, lo que demuestra la brutalidad de los funcionarios que nos gobiernan».
La absurda respuesta del Gobierno
Spagnuolo calificó el hecho como «un error derivado de su desconocimiento del uso adecuado de la terminología» y anunciaron que los responsables fueron desplazados.
La excusa refuerza la ofensa: por un lado no es plausible desconocer que las palabras idiota o imbécil son insultos; por el otro, alegar desconocimiento no es válido en situaciones de decisión sobre la vida de la población argentina.
Spagnuolo firmó el documento, pero quienes fueron responsabilizadas fueron Miriam Améndola y Tatiana Alvarado.
Améndola es una funcionaria de segundo rango que ni siquiera había asumido formalmente el cargo. Alvarado es una funcionaria saliente.
Durante el año pasado, la ANDIS fue objeto de despidos masivos, más de 160, abarcando desde personal con más de 20 años de antigüedad hasta personas con discapacidad.
