Agostina fue víctima de femicidio. Luciana, despertó la alarma inmediata en la sociedad. Ana Luz y su madre Gimena, son buscadas mientras escribo esta nota.
En menos de dos semanas, Córdoba vivió tres situaciones que sacudieron a la sociedad y pusieron en evidencia, una vez más, lo que las organizaciones feministas llevan años denunciando: cuando desaparece una mujer o una niña, el Estado tarda. Duda. Sugiere «se fue por voluntad propia». Y mientras tanto, las redes feministas hacen lo que el Gobierno no hace: visibilizan, presionan, exigen. No es casual. Es estructural.
El caso Agostina: cuando la demora tiene nombre y apellido
Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo. Su mamá fue a la Comisaría 13 ese mismo día. No le tomaron la denuncia. «No nos dieron importancia», declaró su abuela Elizabeth entre lágrimas. Desde el sábado hasta el lunes, nadie de las autoridades judiciales escuchó a la familia.
La Alerta Sofía —el sistema de búsqueda urgente para menores en riesgo inminente— se activó recién el miércoles. Más de 80 horas después de que Agostina fuera vista por última vez. Cuatro días de demora mientras el femicida tenía tiempo de actuar, de borrar rastros, de construir una coartada.
El 30 de mayo apareció su cuerpo en un descampado de Ampliación Ferreyra. Enterrado. Desmembrado. Con signos de abuso sexual. El fiscal Raúl Garzón defendió los tiempos y celebró el accionar de los canes de búsqueda. El Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros admitió que nadie puede esperar cinco horas para que le tomen una denuncia. Esa admisión llegó tarde. Demasiado tarde para Agostina.
Las organizaciones feministas de Córdoba lo señalaron desde el primer momento: la demora de tres días en declarar la Alerta Sofía y la falta de celeridad en los primeros días fueron una negligencia del gobierno de Llaryora. Mientras tanto, fueron las redes sociales y el movimiento feminista los que pusieron el nombre y la cara de Agostina en cada pantalla, los que movilizaron a la sociedad, los que convirtieron una desaparición ignorada en un asunto urgente e innegable.
El 3 de junio, en el undécimo aniversario del primer Ni Una Menos, su familia marchó en el centro de Córdoba. La abuela de Agostina pidió algo que parece elemental y que el Estado no pudo garantizar: que quienes reciban una denuncia se pongan en el lugar del otro.
Luciana: cuando el aprendizaje llega a destiempo
El lunes 9 de junio desapareció Luciana, de 15 años, al salir del Colegio en Colonia Caroya. En cuestión de horas, las organizaciones feministas de toda la provincia repitieron lo que ya sabían hacer: difundir, compartir, presionar. La foto de Luciana circuló de red en red. Las mismas organizaciones que habían marchado por Agostina pusieron en marcha el mismo mecanismo de visibilización que se había demostrado eficaz —aunque para Agostina hubiera llegado tarde.
Esta vez, la respuesta del Estado fue diferente. El Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía. Se desplegaron más de 305 efectivos, helicópteros, drones, perros rastreadores. El propio Quinteros supervisó los operativos en el lugar. El martes por la tarde, Luciana fue encontrada sana y salva en Jesús María.
Podemos pensar que el mal accionar en el caso Agostina dejó al gobierno provincial sin margen político para repetir el error. No fue un aprendizaje genuino: fue la presión feminista convertida en costo político. Fueron las organizaciones las que cambiaron el protocolo real, las que obligaron al Estado a actuar como debería haber actuado desde siempre.
Eso no es un logro del Gobierno. Es un logro del movimiento.
Ana Luz y Gimena: el ritmo lo marcan las redes, otra vez
Mientras estas páginas se escriben, Ana Luz Córdoba, de 7 años, y su mamá María Gimena Córdoba, de 45, siguen desaparecidas. Fueron vistas por última vez en la zona oeste de la ciudad, en el domicilio de un familiar. Viven en situación de calle y suelen frecuentar el centro y la Terminal de Ómnibus. Son dos personas vulnerables en una doble condición de exclusión: mujeres, pobres, sin red institucional que las sostenga.
Sus fotos ya circulan en las redes feministas de Córdoba. Quienes las difunden saben que, para muchas familias, esa es la única posibilidad real de que alguien las esté buscando.
La Unidad Judicial 12 tiene el caso. Ojalá esta vez no haga falta que la sociedad entera presione para que el Estado actúe.
Dos semanas, tres casos, una misma pregunta
En menos de quince días, Córdoba puso en primer plano algo que no debería ser noticia porque debería ser política pública permanente: las mujeres y las niñas están en peligro, y el Estado no siempre está cuando se lo necesita.
Las redes feministas no son un sustituto del Estado. Son una respuesta urgente y territorial para una problemática que es ignorada por los diferentes gobiernos. Cada vez que una organización tiene que salir a difundir una foto porque la Policía no actuó, es una falla del sistema. Cada vez que la sociedad tiene que convertir una desaparición en tendencia para que los protocolos se activen, es una falla del sistema.
El gobierno de Llaryora tiene una deuda. Y no se salda con conferencias de prensa ni con tweets del ministro cuando el final no es un femicidio.
Se salda con políticas de género financiadas, no desmanteladas. Con programas de formación en perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, en el Ministerio Público Fiscal, en cada comisaría que recibe una denuncia. Con protocolos de actuación inmediata ante la desaparición de mujeres y niñas —no cuatro días después. Con espacios de concientización sobre violencia de género en las escuelas, en los entes públicos, en los lugares donde se forma ciudadanía.
No alcanza con reaccionar. Hace falta construir las condiciones para que los femicidas como Claudio Barrelier no se sientan impunes.
Porque Agostina no debería haber muerto. Porque Luciana tiene derecho a que el Estado la busque sin que primero tenga que volverse tendencia en las redes sociales. Porque Ana Luz y Gimena merecen que alguien las encuentre hoy, no cuando su caso se vuelva viral.
Las organizaciones feministas de Córdoba lo vienen diciendo hace años. Ya es hora de que el Estado las escuche.
Si tenés información sobre el paradero de Ana Luz Córdoba (7 años) y María Gimena Córdoba (45 años), comunicate con la Unidad Judicial 12 al 3515642877 o al 4481016 interno 34221.
