Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que el gasto nacional cayó 31% en términos reales respecto de 2023. Mientras aumentan los fondos destinados a inteligencia y se mantiene el peso de la deuda, se desploman partidas para salud, educación, ciencia, desarrollo social, industria y obra pública.
El Gobierno nacional ejecutó durante los primeros cinco meses de 2026 un presupuesto marcado por fuertes recortes en áreas sociales, productivas y de infraestructura, mientras sostiene un elevado nivel de recursos destinados al pago de deuda e incrementa los fondos para inteligencia. Así lo señala un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, que analizó la ejecución presupuestaria entre enero y mayo.
Según el relevamiento, el gasto total de la Administración Pública Nacional registró una caída real del 31% en comparación con 2023. Para el centro de estudios, el resultado fiscal exhibido por el Gobierno se apoya, en gran medida, en la paralización o reducción drástica de numerosas políticas públicas.
Entre las pocas áreas que muestran incrementos aparece la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución creció un 34% respecto de 2023. Al mismo tiempo, los servicios de deuda pública representan el 12% del gasto total, una proporción que supera ampliamente la suma de áreas clave como educación, salud, ciencia, vivienda y trabajo.
Actualmente, Educación absorbe apenas el 4,84% del presupuesto nacional, Salud el 4,80%, Ciencia el 1,11%, Trabajo el 0,78% y Vivienda y Urbanismo apenas el 0,008%. También retrocedieron otras partidas sensibles como Promoción y Asistencia Social, que representa solo el 2,2% del gasto total, Transporte con el 1,92%, Agua Potable y Alcantarillado con el 0,113% e Industria con apenas el 0,092%.
Salud y ciencia, entre los sectores más golpeados
El informe destaca fuertes subejecuciones en organismos sanitarios. El Instituto Malbrán sufrió un recorte del 33%, la ANMAT del 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud del 64%. En contraste, el INCUCAI fue el único organismo del área con una ejecución superior a la de 2023.
La situación también impacta en los hospitales nacionales, donde las reducciones presupuestarias oscilan entre el 33% y el 51%.
En el sistema científico, los recortes alcanzan prácticamente a todos los organismos. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 85%, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales un 65% y el CONICET un 32%. También registraron bajas importantes el Servicio Meteorológico Nacional, el SEGEMAR, la Fundación Miguel Lillo y la CONEAU.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que los despidos de personal provocaron que más de 60 estaciones meteorológicas dejaran de realizar observaciones durante extensas franjas horarias, afectando la capacidad de monitoreo y prevención.
Comedores comunitarios en emergencia
El ajuste también impacta de lleno en las políticas alimentarias. El informe señala caídas del 100% en programas de Economía Social, Primera Infancia y Protección Social, mientras que los fondos destinados a comedores comunitarios y merenderos se redujeron un 61%.
Las consecuencias ya se sienten en los territorios. En Posadas, Misiones, organizaciones sociales reportan que apenas una minoría de los comedores recibe asistencia nacional. Muchos espacios que antes brindaban comidas varias veces por semana ahora solo pueden hacerlo una vez.
La situación se repite en distintas provincias. En Jujuy, responsables de merenderos comunitarios relatan que durante 2025 debieron suspender varias veces la atención por falta de alimentos. En Corrientes, organizaciones barriales aseguran que la demanda continúa creciendo mientras disminuyen los recursos disponibles.
El Presupuesto 2026 prevé además una reducción del 15,8% en las partidas destinadas a políticas alimentarias respecto del año anterior, en un contexto de persistente inflación en alimentos.
Industria y empleo, sin respaldo estatal
El área productiva tampoco escapa al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió una caída del 81%, mientras que organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Instituto Nacional de Semillas registraron reducciones significativas.
El informe señala que estos recortes ocurren en un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo formales y el cierre de miles de empresas durante la actual gestión.
Incluso organismos vinculados a la seguridad experimentaron bajas presupuestarias. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y las Fuerzas Armadas registraron reducciones que oscilan entre el 15% y el 34%.
Educación y obra pública, prácticamente paralizadas
Entre los programas educativos más afectados aparecen Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, todos con ejecuciones cercanas a cero o directamente paralizadas.
También registran fuertes caídas las becas estudiantiles, la formación docente, la infraestructura educativa y los programas de educación superior.
La situación es similar en obra pública. La ejecución de programas de infraestructura vial, desarrollo urbano, seguridad en rutas y obras hidráulicas muestra reducciones que van del 89% al 100%.
Especialistas advierten que la paralización de las inversiones públicas puede generar mayores costos a futuro por el deterioro de rutas, servicios e infraestructura estratégica.
A esto se suma una fuerte reducción de las transferencias nacionales a provincias y municipios. Los fondos de asistencia financiera, cooperación técnica y apoyo a obras públicas muestran caídas cercanas al 100%, obligando a gobiernos locales a absorber demandas crecientes con menos recursos.
Un cambio de prioridades
El informe de CEPA concluye que la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción presupuestaria sin precedentes en áreas vinculadas a salud, educación, desarrollo social, ciencia, producción y obra pública. Mientras tanto, aumentan los recursos destinados a inteligencia y se mantiene un elevado peso del pago de deuda dentro de la estructura del gasto estatal.
Para el centro de estudios, la magnitud de los recortes plantea interrogantes sobre la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico y social cada vez más complejo.
