Juntan firmas para impedir que ingrese el ex Ceo de Syngenta al Gobierno nacional

Según argumentan, Antonio Aracre no podría ejercer cargo como funcionario público por haber dirigido una empresa regulada por el Estado.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas está recolectando firmas en rechazo de la designación de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente Alberto Fernández.

A través de una carta, la agrupación juntó más de 5.000 firmas de profesionales y ambientalistas para que Fernández revea el nombramiento del ex ejecutivo de la multinacional del agronegocio.

Según afirman los Abogados Ambientalistas Syngenta es "la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior”. 

“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, explicaron en la carta.

"Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato", detallan en el mismo escrito, a la vez que recuerdan que el glifosato es, desde 2015, categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico.

"Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018", manifestaron.

En cuanto a la cuestión legal, los abogados argumentaron que en la Ley 25.188 que establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, se aclara que deberán abstenerse de ser funcionarios aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado. Y, en este caso, es de público conocimiento que las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos.