Incorporan a más de 3500 personas trans/travestis al programa Potenciar Trabajo

Ayer, diferentes instituciones del Estado, comunicaron la incorporación de 3536 personas trans/travestis de manera efectiva al programa Potenciar Trabajo.

El anunció se hizo luego de varias semanas de recolección de información y registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional en Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Es importante resaltar que el programa Potenciar Trabajo tiene como objetivo el acceso a la terminalidad educativa formal, certificación en oficios y estímulos a emprendimientos productivos. El mismo depende de la Secretaría de Economía Social.

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno, en articulación con organizaciones territoriales, llevaron adelante el registro de miles de personas trans/travestis en situación de precariedad laboral y vulnerabilidad social de todo el país, que han sido evaluadas y posteriormente incorporadas al programa.

“Estamos muy contentas porque logramos avanzar en una política de Estado que incorpore y garantice derechos a unos de los sectores más vulnerables de nuestra población, y  por la articulación alcanzada con los ministerios y las organizaciones sociales. Es un primer paso que iremos profundizando tanto en lo educativo como en lo laboral” dijo Victoria Donda, titular del Inadi.

Por su parte, Ornella Infante, Directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, destacó que por primera vez el Estado nacional ingresa a un programa social a casi 3600 personas trans.

Con esta nueva medida, desde el Gobierno proponen un monitoreo y seguimiento comprometido con el fin de generar un contexto de inserción social respetuoso y dignificante para la comunidad travesti/trans.

Las carteras estatales que estuvieron organizando los ingresos al programa, sostienen que de esta manera se generarán los mecanismos coordinados necesarios para poder dar respuesta a la demanda de derechos a la educación, formación en oficios, trabajo, salud, alimentación, justicia y vivienda.

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