Además de las organizaciones feministas, la doctora cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud provincial y de la ministra de las Mujeres de la Nación.
El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, aseguró este jueves que la médica denunciada por practicar un aborto en el hospital de Tartagal trabajó «en base al protocolo», y sostuvo que están «apoyándola en todo aspecto y esperando a ver qué decide la Justicia».
«Tenemos la historia clínica y la doctora ha trabajado en base al protocolo que sugiere la práctica ginecológica, así que estamos apoyándola en todo aspecto y estamos esperando a ver qué decide la Justicia«, dijo este jueves el ministro salteño.
El funcionario formuló estas afirmaciones en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno de Salta, donde presentó, junto a otros miembros del gabinete provincial y de la Iglesia salteña, el cronograma de actividades de la Fiesta del Milagro.
Sobre el caso de la médica Miranda Ruiz, denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto pasado en el hospital Juan Domingo Perón, Esteban afirmó: «Nosotros nos ajustamos a derecho».
«Somos conocedores que la ley 27610 está vigente, así que estamos trabajando en base al marco legal» que ella proporciona, manifestó.
En cuanto a la Justicia, «nos allanamos permanentemente a la necesidad de consulta, pero vamos a seguir trabajando fuertemente en la provincia de Salta en el marco de lo que establece la ley 27610», precisó.
La médica fue detenida el viernes pasado, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto a una joven de 21 años con 22 semanas de gestación. La detención fue por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.
La denuncia contra la profesional, que motivó la apertura de la causa, la radicó una tía de la mujer.
El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal. Una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En estos casos se trata de una ILE.
Las fuentes indicaron que «a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales».
Organizaciones de derechos humanos y de defensa a los derechos de las mujeres se manifestaron a favor de la profesional, en todo el país, incluyendo a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
El fin de semana pasado, la profesional también fue denunciada por la paciente.
