Se cumplen 26 años de las explosiones en la Fábrica Militar. El primer aniversario sin Menem, que murió impune tras la tragedia.
El 3 de noviembre de 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero explotó causando la muerte de siete personas, dañando a más de trescientas, y dejando consecuencias irreparables en la salud mental de la población.
El papel de la Fábrica Militar era recibir armamento argentino, con el pretexto de que sería «reparado». Pero, en realidad, desde Río Tercero se trasladaban armas como contrabando a diferentes destinos. La explosión tenía como finalidad borrar las pruebas de esas maniobras fraudulentas.
Cronología de la tragedia
El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, en la Fábrica Militar se iniciaron una serie de explosiones que se extendieron a lo largo de todo el día. A partir de este suceso fatídico, murieron siete personas: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. Todas ellas eran ajenas a la planta; ninguna de las más de 400 personas empleadas del lugar que estaban allí presentes resultaron muertas.
El estrago se desencadenó a partir de tres explosiones sucedidas en el interior de la fábrica. Las dos primeras ocurrieron simultáneamente en el tinglado de la Planta de Cargas y la segunda, de mayor intensidad, se produjo en los depósitos de Expedición y Suministros. Las dos explosiones desencadenaron a su vez el estallido de decenas de miles de proyectiles de guerra acumulados en los polvorines del lugar.
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Además del saldo de personas muertas, más de trescientas resultaron heridas y afectadas por las explosiones, puesto que la fábrica se ubicaba a doscientos metros del límite con el área urbana. Esto propició que los que estaban en ese momento en la calle se vieran directamente dañados por el siniestro.
Muchas casas quedaron en ruinas y otras tantas se arruinaron casi por completo, al igual que los autos. Toda la zona colindante a la fábrica se cubrió de escombros, polvo y municiones de guerra. Los lugares más afectados fueron los barrios aledaños a la fábrica: Escuela, Las Violetas, Libertador, Cerino, entre otros.
Miles de personas huyeron rápidamente a los pueblos vecinos para resguardarse, siendo ayudados por personas solidarias que les ofrecieron techo, alimento y agua para que estén a salvo y puedan comunicarse con sus seres queridos.
La población riotercerense padeció masivamente los síntomas físicos y mentales de esta cruel tragedia, que aún al día de hoy se arrastran como pesadas cadenas que los atan a un pasado oscuro, plagado de corrupción y desamparo estatal. Se iniciaron más de diez mil demandas por daños y perjuicios contra el Estado argentino, que por su parte estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
La investigación
Ese mismo 3 de noviembre, a las 17:00 hs, el entonces presidente Carlos Menem viajó a Río Tercero para ofrecer una conferencia de prensa, en la que informó enfáticamente que las explosiones se habían iniciado por accidente, exigiendo a los periodistas que difundan esa información, y dejen de decir que había sido un atentado. Ramón Mestre, el gobernador de Córdoba de aquel entonces, ratificó las palabras del presidente, negando rotundamente la posibilidad de una tragedia intencional.
A pesar de que parecía «apresurado» suponer que se trataba de un accidente y que gran cantidad de hechos sospechosos indicaban que debía investigarse la hipótesis de que hubiera sido intencional, la instalación que hizo Menem de la «teoría del accidente» dominó completamente la investigación judicial y los medios de comunicación durante varios años.
Luis Rodolfo Martínez, primer juez instructor, mantuvo la teoría del jefe de Gobierno y sostuvo distintas posibilidades: el efecto lupa de los rayos del sol, generado por los vidrios del tinglado de la Planta de Carga; chispas generadas por el montacargas -que no contaba en su escape con el apaga llamas reglamentario-; una colilla de cigarrillos en cercanías al tambor de trotyl.
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Todas las teorías fueron descartadas gracias a dos importantes pericias, una en 1998 y otra en 2003, impulsadas hasta el cansancio por Ana Elba Gritti, abogada y activista. Su esposo, Hoder Dalmasso, murió aquella tarde de las explosiones.
El juicio, llegó por fin en 2014, casi a 20 años de aquel nefasto 3 de noviembre. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba falló a favor de Gritti y Gaviglio y determinó que la fábrica había sido un centro de contrabando de armamentos y que las explosiones habían tenido lugar con el objetivo de borrar pruebas de este delito internacional.
La carátula de las condenas fue “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Los condenados fueron: Jorge Cornejo Torino, ex director de la fábrica (13 años); Marcelo Diego Gatto, jefe producción en aquel momento (13 años); Edberto Gonzáles de la Vega y Carlos Franke, que cumplían cargos jerárquicos en la DGFM (10 años cada uno).
A 26 años de la tragedia, un pueblo que no olvida la impunidad
Eugenia Gritti, hija de Ana Gritti, la única querellante penal en la causa judicial, y un emblema en la lucha por lograr respuestas judiciales creíbles frente a este suceso, y de Hoder Dalmasso, víctima fatal de la tragedia; a 26 años de ese día y siendo éste el primer aniversario sin Menem (que debía ser llevado a juicio en 2021, pero falleció tiempo antes), mencionó «la sensación es de haber renovado el duelo, la causa muere con el imputado y se reviven todas las ausencias y tristeza acumuladas en estos años. No nos queda más remedio que aferrarnos a las pequeñas victorias logradas por nuestra madre y los abogados que tanto trabajaron para sostener la verdad por sobre todas las injusticias».
Además, expresó que aún «queda mucha deuda por parte del Estado para con Río Tercero, a nivel moral y económico (todavía quedan damnificados luchando por sus daños físicos o sus bienes). A pesar de las promesas del gobierno de acelerar los tiempos de la justicia estas nunca se cumplieron, todo lo contrario».
«Y a nivel social la pregunta es realmente personal, pienso que mientras la sociedad argentina viva en la negación de la realidad los delincuentes siempre van a poder seguir ejerciendo sus propios negocios sucios que solo nos perjudican a los ciudadanos. No podemos ser un pueblo realmente libre si no tenemos memoria».
