“Es urgente terminar con la Criminalización del Aborto” enfatizó la Campaña

El tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE) cada vez está más cerca, pero el activismo sigue alerta.

La Campaña Nacional por el aborto lega, seguro y gratuito, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de DD.HH, presentaron un comunicado que se titula: “Es urgente terminar con la Criminalización del Aborto”.

“La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos“, resalta el texto.

Los organismos denuncian que las cifras de la criminalización sin significativos. Es decir, todavía se persigue a las mujeres y personas gestantes que se practican un aborto.

El comunicado presenta datos al respecto: entre 2012 y la actualidad registraron en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos.

“En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias”, explica el comunicado.

En relación al punto anterior, señalan que el Estado falló en cuanto el cuidado y a la garantía de los derechos de esas mujeres.

Las mayoría de esas personas criminalizadas, tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen uno o más hijos e hijas.

Ahora bien ¿Que es un evento obstétrico? El comunicado señala a las situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. Por ejemplo, el caso de “Belén”.

Según los datos recolectados, en el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas.

“La mayoría de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura”, agrega el comunicado.

En esa línea, denuncian que varias sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal.

“La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, resalta el documento.

Ante este panorama, y con el tratamiento del IVE más cerca, las organizaciones enfatizan que es urgente terminar con esta criminalización, legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de plazos.

“Los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y personas no binarias de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros”, concluye el comunciado.

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