El Gobierno reglamentó la Ley de Celiaquía: bares y restaurantes deberán ofrecer un "menu seguro"

También, los medicamentos aptos para celíacos deberán tener rotulado sin TACC y las obras sociales deberán actualizar el monto de coberturas.

El Poder Ejecutivo firmó y publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Celiaquía que regirá en todo el país. La norma establece pautas para la elaboración de un menu seguro que será obligatorio en restaurantes y bares.

También, establece cómo debe ser el rotulado sin TACC en medicamentos y la periodicidad con la que se debe actualizar el monto que las obras sociales y prepagas deben cubrir a personas con celiaquía.

Según informó el Ministerio de Salud, la normativa declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión, acceso a alimentos y medicamentos libres de gluten.

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"La implementación de la Ley 26.588 (modificada por Ley 27.196) permitirá, por un lado, ampliar esta mayor oferta de alimentos convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas, pero también establecer los estándares a cumplir para garantizar que al momento de ofrecerlos sean seguros", sostuvo un comunicado del Ministerio.

La reglamentación establece, por un lado, la metodología para fijar el monto actual de cobertura de obras sociales y prepagas, y por otra parte se deja establecida la periodicidad con la que se realizarán las actualizaciones subsiguientes cada 6 meses.

El monto de cobertura pasará de $2.672 a $7.806,73 contemplando la canasta básica alimentaria (CBA) publicada por el Indec el 20 de abril de 2023.

Asimismo, todos los medicamentos deberán identificarse en función de su contenido o ausencia de gluten como "Libre de gluten" o "Este medicamento contiene gluten".

En relación a los servicios gastronómicos, la reglamentación no sólo contempla restaurantes y bares, sino también otros establecimientos como comedores escolares o instituciones penitenciarias. Todos los establecimientos tendrán un plazo de seis meses para adecuarse.