Para justificar esta nueva medida de ajuste, argumentó fallas en el funcionamiento del programa ProCrear. La nueva medida serán las “hipotecas divisibles”.
En el marco de las medidas del Estado para “revisar”, “sanear” o “disolver” un conjunto de Fondos Fiduciarios Públicos, por medio del Decreto 1018/2024, el Gobierno decidió disolver el Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar).
El vocero presidencial Adorni ya lo había anunciado hace unos días en su cuenta de X y lo confirmó Nación en el Boletín Oficial.
La medida fue impulsada en conjunto por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según el oficialismo, tras un informe de la Sindicatura General de la Nación se observaron fallas en el funcionamiento del programa.
«En la norma publicada en el Boletín Oficial también se destaca que la no interferencia del Estado en la locación de inmuebles tiene un efecto positivo en la ciudadanía, dado que la menor intervención estatal, favorece no solo la reducción de los precios de las locaciones urbanas, sino también una mayor oferta de propiedades en alquiler», expresaron.
Además, anunciaron que se fomentará la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta.
En el Decreto también se autoriza al Ministerio de Economía a celebrar un contrato con el Banco Hipotecario en el que se prevea la continuidad de la gestión de los créditos que tiene el Fondo. Esta medida permitirá que las personas que hayan accedido al programa puedan continuar pagando las cuotas al Banco Hipotecario y, de esta manera, tengan garantizada su vivienda.
¿Qué son las hipotecas divisibles?
Luego de disolver el plan ProCrear, mediante otro decreto, el 1017/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció la implementación de “hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”.
La medida publicada está destinada para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Según anunciaron, se busca mejorar el acceso a la vivienda, fomentar la inversión privada y apoyar la reactivación económica.
Este tipo de hipotecas son un crédito que posibilita que tanto la deuda original como su garantía sean divididas en partes independientes. Este mecanismo suele aplicarse a proyectos como edificios o complejos de viviendas, pero, a cada inmueble, le corresponde su propia proporción de hipoteca.
De esta forma, en lugar de que una propiedad privada se venda con toda la deuda hipotecaria asociada, puede dividirse en unidades que tengan porciones de la deuda, “algo que facilita la venta de estas nuevas unidades sin necesidad de cancelar la hipoteca en su totalidad”, explicaron.
Por medio de un posteo en X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó que “nada de lo que aquí se sugiere son imposiciones u obligaciones. Se trata de ampliar las opciones de operación del mercado. Por eso decimos que para cada necesidad habrá un mercado porque muchas veces el mercado no puede proveer una solución porque el Estado lo impide”.
“Liberadas las restricciones el resto corre por cuenta del sector privado. Hoy, al sumar un nuevo activo subyacente, se amplían las posibilidades de financiamiento de la construcción”, expresó.
A esta postura oficialista de mercantilización y privatización del acceso a la vivienda, es importante contrastarla con dos datos claves:
- Hasta julio de 2023, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat había alcanzado las 120.000 viviendas entregadas bajo el programa Casa Propia.
- El año pasado, Córdoba fue la segunda provincia más beneficiada con el programa. A la Provincia le tocaron más de 6.800 inmuebles.
Por medio del plan de ajuste del Gobierno Nacional, se le quita el derecho al acceso a una vivienda (digna) a las familias de clase media y/o baja.
