Argumentaron que es prematura la suspensión, ya que los impactos ambientales todavía se encuentran en estudio. La Nación pidió también la recusación del juez por considerarlo imparcial en el fallo.
El Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas. La decisión del juez Santiago Martín fue hacer lugar a una medida cautelar que frente la actividad hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Según argumentaron, es «absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino«, al entender que «los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales».
Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, «dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?», cuestionaron.
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En la apelación, la Nación pidió también la recusación del juez por ser «imparcial en el fallo», ya que consideran que hay una manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad.
Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde «festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas», el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque «sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras».
Martínez agregó que el fallo «ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos».
