El dato surge de una investigación llevada a cabo por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.
Una investigación llevada a cabo por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, arrojó que el 75% de las y los integrantes de 95 medios de comunicación de la región conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas.
En las redacciones, estudios y oficinas ocurren la mayoría de las agresiones. Le sigue el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas digitales, mails y aplicaciones de mensajería instantánea. En uno de cada 10 casos se combinan ambos tipos de violencias.
Los agresores offline suelen ocupar cargos jerárquicos altos, mientras que la violencia online involucra especialmente a funcionarios gubernamentales y políticos. No obstante, el 57% de los medios de la región no tiene protocolos para abordar la violencia laboral de género y solo el 18.5% cuenta con áreas especializadas de atención.
El estudio se tituló «Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención», y se enmarcó en el proyecto «Protocolos de Violencia de Género contra Mujeres Periodistas en América Latina – ¿Qué hacen y qué deberían hacer las organizaciones de medios?
«La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticos. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder, que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla», expuso Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.
El proyecto incluyó también el análisis de 27 protocolos de intervención y prevención de la violencia laboral y de género elaborados por empresas y organizaciones de medios a partir del impacto que causó en la región la irrupción del “Me Too”, del “Ni Una Menos” y del Paro Internacional de Mujeres del año 2018.
La investigación
Durante cuatro meses, se realizaron 108 encuestas y entrevistas en profundidad a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras.
El 86.1% fueron respuestas de personas de género femenino; también respondieron varones (11.1%) y personas trans o no binarias (2.8%).
Se describieron 96 relatos de violencia. Es decir, el 75% de las personas consultadas dijo que conoce al menos una historia de violencia de género hacia periodistas. En la mayoría de las respuestas se identificaron «motivos» que desencadenaron las agresiones: la expresión de posicionamientos feministas y/o políticos partidarios, la condición de mujeres de las agredidas, y reclamos salariales.
De igual modo, la apariencia tuvo un rol relevante en las descalificaciones.
Solo en el 28.1% de los casos las personas afectadas denunciaron la situación de violencia. El 18.7% lo hizo en instancias internas de los medios –ante personas que ocupan jefaturas o direcciones, o ante áreas específicas– y el 9.4% en instancias judiciales externas u organismos públicos especializados.
Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo.
Frente a la denuncia, sin embargo, en el 54.5% de los casos los agresores no fueron sancionados. Las razones nuevamente son diversas, pero suele haber una identificación directa del agresor con quien detenta la autoridad del medio o algún tipo de protección por parte de las autoridades.
Esta «protección» hacia el agresor se da incluso cuando las estructuras son horizontales. Más preocupante todavía es que se registraron represalias sobre las personas que sí se animaron a denunciar en el 41.3% de los casos: el 17.2% fueron despedidas y el 24.1% fueron blanco de distintas medidas negativas por haber hecho pública la agresión.
