En dos proyectos conexos, diputados de Unión por la Patria propusieron que el financiamiento universitario sea garantizado por consulta popular.
Este jueves, Pablo Carro, diputado nacional de Unión por la Patria por Córdoba, junto con otros pares de su bancada presentaron dos iniciativas, una de las cuales propone que el financiamiento universitario sea garantizado por consulta popular.
La ventaja de apelar al mecanismo de consulta popular no es solo garantizar el financiamiento sino también evitar futuros vetos presidenciales si se aprobase la iniciativa.
Las y los diputados firmantes, además de Carro, son Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman, Jorge Ricardo Herrera, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi y Hugo Yasky.
El primero de los proyectos, similar en muchos aspectos al que tuvo aprobación legislativa el año pasado, busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina a partir del año 2025.
El segundo propone convocar a una Consulta Popular Vinculante y Obligatoria sobre el Financiamiento Universitario.
En diálogo con SRT Media, Carro explicó: «Nuestra Carta Magna, en el primer párrafo del artículo 40, establece que la Cámara de Diputados ‘podrá someter a consulta popular un proyecto de ley’. Esa ley que convoca a la consulta no puede ser vetada. En este tipo de consultas el voto de los ciudadanos es obligatorio y, si el electorado apoyase la iniciativa, el proyecto se convertiría automáticamente en ley”.
En este sentido es que las consultas populares son vinculantes: de ser votadas afirmativamente por la población, deben ser acatadas por el Poder Ejecutivo Nacional y no pueden ser vetadas, según lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional y la Ley N° 25.432.
La urgencia de resolver el financiamiento universitario a través de una Consulta Popular surge de la gravísima crisis en la que está sumida la educación pública y gratuita (especialmente la universitaria) así como el sistema científico y tecnológico, debido al ajuste que lleva a cabo el Gobierno nacional.
¿Qué proponen los proyectos?
Según los artículos del primer proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional debería actualizar el presupuesto dedicado a las universidades nacionales para que se ajusten a los costos actuales y reales de funcionamiento.
También debería actualizar al 1° de enero de 2025 (y a partir de allí en forma bimestral) los montos destinados a gastos de funcionamiento de hospitales universitarios, «Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades» y «Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria».
El proyecto también dispone que el Gobierno Nacional recomponga los salarios universitarios docentes y no docentes, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período.
El segundo proyecto es el que propone garantizar el financiamiento universitario a traves de una Consulta Popular Vinculante.
En las consultas populares, la población que vota es la misma que lo haría en cualquier elección nacional, y de resultar en un voto afirmativo se vuelve automáticamente una ley que el Gobierno está obligado a cumplir y que no puede vetar.
La pregunta que los votantes responderían por sí o por no en la Consulta Popular es: ¿Está Ud. de acuerdo en que el Estado nacional garantice el financiamiento del Sistema Universitario Nacional conforme los criterios actualizados de la Ley 27.757, de acuerdo al proyecto de ley 1802-D-2025?
A pesar de la voluntad popular, Milei vetó la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. Sus argumentos fueron sostener el déficit cero a toda costa, sin importar a quiénes haya que sacrificar (excepto que sean millonarios) y una supuesta corrupción dentro de las Universidades Nacionales de la cual aportó la suma total de cero pruebas.
La gente ya se expresó en las calles respecto a la defensa de la Universidad Pública, en masivas movilizaciones el año pasado. Este año, se espera en mayo una nueva Marcha Federal Universitaria, debido a que la situación no ha mejorado.
