La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) considera que la funcionaria «debería haberse excusado» y Poder Ciudadano señaló que la Oficina Anticorrupción tiene que estudiar el caso.
Al igual que el resto de los ministros, la canciller Diana Mondino firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía.
La medida impacta en varios sectores de la economía, entre ellos el financiero. Un dato a resaltar: la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es la accionista mayoritaria del Banco Roela, junto a su hermano Guillermo Mondino.
Un informe de una calificadora de riesgo publicado el 15 de diciembre de este año confirma que la composición accionaria no se modificó. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) considera que la funcionaria «debería haberse excusado» y Poder Ciudadano señaló que la Oficina Anticorrupción tiene que estudiar el caso.
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Entre otros puntos, el DNU elimina el tope de tasa que se les cobra a los comercios, quita el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés.
En simultáneo, omite la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para el trabajador y abre la puerta a la privatización del Banco Nación.
Según informa la página del BCRA, al momento de estampar su firma en el DNU, Mondino seguía siendo la accionista mayoritaria del Banco Roela, con el 49,61% del capital. Ese mismo porcentaje ostenta su hermano, el economista Guillermo Mondino y el 0,78% restante está en manos de accionistas agrupados.
Que la canciller ocupe ese lugar en la entidad financiera abre interrogantes. Por un lado, la eliminación del tope de intereses punitorios y la eventual privatización del BNA podría favorecer a los bancos privados, pero no es menos cierto que la desregulación también podría implicar una mayor competencia con las fintech, puesto que abre el juego a que los empleadores puedan depositar salarios allí.
Desde la fundación especializada en transparencia Poder Ciudadano, señalaron que «es una situación a prestarle atención» y agregaron que «la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses».
