Conversamos con el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, sobre las políticas en materia de seguridad del gobierno de Javier Milei. Hablamos sobre baja de la edad de punibilidad, actuación de las fuerzas armadas en el territorio nacional, situación de la SIDE, y más.
Las políticas del Gobierno nacional en materia económica están relacionadas con las determinaciones que se toman en seguridad. Así lo afirma Federico Giuliani, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado de Córdoba y la Central de Trabajadores Argentinos – Autónoma de Córdoba.
«Cuando hay procesos de ajuste no cierran sin represión. Entonces, darle un valor hoy, a estas Fuerzas Armadas, por ejemplo, que están deslegitimadas por la sociedad en el rol de la seguridad interna, la verdad que es peligroso».
Giuliani se refiere, entre otros temas de seguridad, a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interna, circunscritas en la difusa calificación de «actos terroristas».
«Lo que están poniendo en discusión es que las Fuerzas Armadas no estarían para proteger la defensa de la Nación, sino para actuar ´ante un agente interno´ que ya sabemos quién es. Somos las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales que peleamos contra este proceso brutal de ajuste y de devaluación que hay con una inflación del 154% desde que asumió Milei (noviembre 2023 a junio 2024), que ha generado más pobres. Eso lo indican las estadísticas. Hoy 6 de cada 10 argentinos son pobres, el 20% de esos pobres son indigentes y hay 5 millones de compatriotas que saltea comidas».
Federico Giuliani.
En resumen, el secretario general de ATE propone que, cuando hay ajuste, hay mayor lucha, y en ese sentido se relacionan las políticas económicas y en materia de seguridad del gobierno de Milei.
«Cuando hay avances de gobiernos neoliberales o fascistas en los procesos de ajuste, aparecen títulos que en gran parte de la sociedad garpan y que tiene que ver con que la seguridad, está atada a la cuestión de más cárcel, de más bala y de más policía», apuntó.
También se refirió al proyecto de bajar la edad de punibilidad a 13 años. Explicó que va en el sentido de etiquetar a un sujeto social, que son los menores de edad, y que está demostrado que tienen mínima incidencia en crímenes o en delitos graves.
«Pero, se está atacando la consecuencia y no la causa. La causa tiene que ver con una gran desigualdad, que ha construido por generaciones, problemáticas estructurales en las familias, tanto a nivel vincular como también a nivel de la falta de lo material. Con el gobierno de Milei surgen estos avances inconstitucionales y que tratan de criminalizar una franja etaria y de un sector de la sociedad que, en este caso, son los sectores populares. Son los pibes y las pibas de las barriadas periféricas, de los asentamientos precarios, de las villas de emergencia, en un contexto donde según Unicef un millón de pibes no cena en el país».
Sobre este proyecto, en particular, sostuvo que ser niño o niña no es delito y que hay convenciones internacionales que protegen sus derechos a la recreación, al juego, a la educación y a la salud.
Señaló que hoy es muy importante la vivienda, el trabajo digno, la tierra, el acceso a la salud, y en definitiva a tener un proyecto de vida. «Pero en la agenda de gobierno se plantea un estado que no tiene que estar presente en esas áreas y sí, en seguridad» destacó Giuliani.
Precisó que se cerró el Ministerio de la Mujer, se achicaron presupuestos en el Ministerio de Desarrollo Social, y se cierran áreas que atienden a poblaciones vulnerables. «Pero el Estado está presente hoy con mucha erogación de presupuesto público en más fuerzas de seguridad, incorporación de más agentes en las provincias, pero también en las fuerzas federales, dotadas de un aparato represivo con armas letales y no letales. Esto demuestra que guita, hay, el tema es dónde la ponés» aseguró.
Derechos humanos y persecución
Respecto de las políticas de gobierno de Javier Milei, volvió a señalar que hay ajuste y un proceso que apunta a la represión. En este sentido, Giuliani destacó un retroceso en ciertas discusiones que la sociedad argentina creía saldadas pero están resurgiendo.
«Es un retroceso lamentable por parte de este gobierno fascista con respecto a conquistas que nos llevaron décadas, sangre, sudor y lágrimas y procesos como el juicio a las Juntas y la cárcel común para los genocidas. Y hay claramente una intención de Milei y de Villarruel de generar una política negacionista con el terrorismo de Estado en los 70″ precisó.
Indicó que hubo visitas de altos funcionarios del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, a la unidad de alojamiento de genocidas en Campo de Mayo. También recordó la visita a Alfredo Astiz y otros represores condenados por parte de diputados de La Libertad Avanza.
«Son tipos que están presos por crímenes de lesa humanidad, por torturas, por violaciones, por robo de bebés y hay una intencionalidad en la política de negacionismo y de reivindicación de la actuación de las fuerzas armadas» afirmó.
Sobre este punto, reforzó la idea exponiendo el presupuesto de Inteligencia para las Fuerzas de Seguridad, con los 100.000 millones de pesos destinados a la SIDE.
«Van a manejar ese presupuesto en fondos reservados sin tener que rendirle cuenta a nadie. Esto claramente está puesto en la perspectiva de espiar y de perseguir a los luchadores políticos, sociales, sindicales y ambientales que nos estamos plantando«.
En relación con la persecución, indicó que ya no solo se da en el plano físico, sino también en el mundo virtual con la habilitación del ciberpatrullaje que determinó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«Esto es una violación a los derechos de la privacidad en primer lugar. Pero también demuestra la persecución a la cual se somete a la población. Es una situación peligrosa, una paranoia permanente en la persecución a ver qué es lo que vos decís, opinás o hacés, lo cual muestra un nivel de intolerancia por parte de este gobierno. Insisto, está gobernando la extrema derecha con el fascismo, porque así lo demuestran las políticas de intolerancia, de odio hacia la minoría, y eso me parece que tiene que ver con un combo de criminalizar la protesta social».
Finalmente, aludió como ejemplo de persecución el encarcelamiento de Milagro Salas, que lleva 9 años como presa política.
«Esto nos demuestra que hay un avance en ese proceso de criminalizar la protesta cuando en realidad hoy la protesta es un derecho. Lo que quieren es judicializar a los luchadores con cárcel o condenas que sean un ejemplo disciplinador para el resto de los laburantes que quieran pelear ante un gobierno que, insisto, viene por todo» concluyó Giuliani.
