La decisión la tomó Manuel García-Mansilla en el mismo día que el Senado rechazó su pliego. Quedó desestimada la decisión de la Justicia en primera instancia de utilizar la calificación formal de «travesticidio».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó hace unos días un recurso vinculado al juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, histórica activista travesti y defensora de los derechos humanos.
La presentación (2018) había sido realizada por el fiscal Ariel Yapur y por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y Diversidades (UFEM), encabezada por Mariela Labozetta.
El planteo buscaba sostener la calificación de «travesticidio», empleada por primera vez en esa causa y considerada un antecedente clave tanto para la Justicia local como para organismos internacionales.
El jueves 3 de abril, horas antes que el Senado rechazara a los jueces propuestos por Javier MIlei para integrar la Corte, Manuel García-Mansilla -quien ya había asumido hacía un mes-, desestimó el recurso por el travesticidio.
Por ello, quedó desestimada la decisión de la Justicia en primera instancia que planteaba fortalecer un marco de protección y reconocimiento a los crímenes de odio.
La causa histórica
En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires -integrado por Adolfo Calvete, Julio Báez e Ivana Bloch-, condenó a prisión perpetua a David Marino, único acusado por el asesinato de Diana Sacayán.
La sentencia lo encontró culpable como “coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género”. Fue la primera vez que la figura de travesticidio se incorporó formalmente en una sentencia judicial.
Este hito fue resultado del trabajo conjunto entre la Justicia y la sociedad civil, especialmente a través de la Mesa de Justicia por Diana Sacayán, que reunió activismos transfeministas y organizaciones LGBT+.
Gracias a esa articulación, se logró nombrar el crimen desde su especificidad, reconociéndolo no solo como un femicidio, sino también como un crimen de odio motivado por la identidad de género.
Para el caso, la querella de de Luciana Sánchez (en representación del hermano de Diana, Say Sacayán) propuso citar a la activista Amaranta Lopez Regalado como testiga experta.
Regalado detalló cómo viven y mueren las personas travestis y trans en América Latina, a causa de la violencia estructural que padecen.
Durante el proceso participaron diversas organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual, logrando que la sentencia de 400 páginas tenga reconocimientos históricos.
La resolución determinó que el colectivo travesti trans fue (y es) uno de los más castigados por la violencia estructural y de los más criminalizados en América Latina.
Aún así, el acusado apeló el fallo y en octubre de 2020 a respuesta de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió descartar el agravante por crimen de odio.
Los jueces involucrados (Jorge Luis Rimondi (presidencia), Patricia M. Llerena y Gustavo A. Bruzzone) determinaron que no existían pruebas suficientes para determinar si hubo crimen de odio.
De todas formas, a lo largo de la investigación surgieron pruebas que sí daban cuenta para probar el travesticidio en el asesinato de Diana Sacayán.
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¿Qué determinó la Corte Suprema de Argentina?
La Corte se apoyó en el artículo 280 del Código Procesal Penal y no escarbó en el planteo de la fiscalía que solicitaba se sostenga la calificación por por crimen de odio por la identidad de género de Diana.
Pese a que argumentaron que estaban en juego tratados internacionales de derechos humanos, el máximo tribunal no trató a fondo el caso. A pesar del dictamen, la causa fue de utilidad para diversas instancias a nivel nacional e internacional.
Fuentes consultadas por el medio Presentes aseguraron que la sentencia condenatoria (solo por femicidio) quedó firme.
«No me llama la atención la desestimación. Lo asocio con una bajada de línea de este juez, García Mansilla, en consonancia con la agenda de Milei con respecto a los derechos de personas travestis y trans«, declaró la activista travesti Florencia Guimaraes.
La presidenta de la Casa de Diana y Lohana Berkins agregó que, además de Milei, hay una “avanzada neofascista y transodiante por parte de Donald Trump y otros gobiernos”.
«No me extraña que algunos sectores de la justicia nos sigan discriminando, patologizando o negando el derecho que hemos construido colectivamente a nombrar nuestros crímenes», detalló Guimaraes, quien participó en la comisión de Justicia por Diana.
Aseguró que detrás de la figura de travesticidio además de la memoria de Diana Sacayán está la de Lohana Berkins, que en los Encuentros de Mujeres explicaba la necesidad de ponerle un nombre.
La activista también denunció que “la violencia contra nosotras no se termina nunca, ni muertas. En el Poder Judicial convivo con las resistencias a la Ley Micaela, de modo que sé que menos aun les va a interesar el asesinato de una trava”.
Ante esta resolución y otras cuestiones, Guimaraes sostiene: “parece que las personas travestis y trans no somos merecedoras de una justicia que nos proteja”.
La postura de organismos sociales
La organización 100% Diversidad y Derechos repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que “avaló una sentencia judicial que borra el componente de odio en el asesinato de nuestra compañera Diana Sacayán”.
El presidente del organismo, Ricardo Vallarino, manifestó que “resulta inadmisible que, a cinco años de la apelación, y en medio de un hostigamiento estatal a las personas trans, la Corte Suprema convalide un fallo que niega el carácter estructural de este crimen”.
Dado que el fallo se firmó el mismo día en el que el Senado rechazó el pliego del juez García-Mansilla, considera que este no tiene legitimidad, ya que no posee designación constitucional.
Y agregó que «la eliminación del agravante por odio a la identidad de género en el caso de Diana Sacayán no es solo un problema jurídico: es un acto político de invisibilización y revictimización que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos».
El hermano de Diana, Say Sacayan, junto con las activistas travestis Marlene Wayar y Alma Fernández van a pedir ante organismos internacionales se mantenga firme la calificación de crimen.
