La derrota de la izquierda chilena es una confirmación de que el incumplimiento de las promesas de cambio se paga caro. La derecha chilena celebra así su regreso a La Moneda, un triunfo clave para que Estados Unidos profundice su injerencia en América Latina. Dialogamos con la profesora de historia y geografía y militante comunista chilena, Valeria Chacana.
Chile tiene nuevo presidente. El derechista, conservador y declarado pinochetista José Antonio Kast será quien dirija los destinos de la nación trasandina tras obtener un 58,3% de los votos válidamente emitidos.
La victoria catapulta al poder al hijo de un militar nazi refugiado en Chile y hermano del economista ‘Chicago Boy’ Michael Kast, quien fue ministro de Estado durante la dictadura de Pinochet.
Este triunfo se dio en el reciente balotaje donde 12,3 millones de votantes ejercieron un sufragio válido, de un padrón de 15,8 millones de electores obligatorios. Pese a la participación, un 7% de las preferencias emitidas fueron catalogadas como nulas o en blanco, evidenciando un minoritario voto protesta.
La victoria del ex diputado se suma al reciente triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia, equilibrando la balanza continental entre presidentes con afinidad pro-estadounidense y aquellos de corte latinoamericanista.
En un contexto regional donde Estados Unidos lleva adelante una ofensiva militar contra Colombia y Venezuela, el éxito de Kast es una hecho que consolida la renovada Doctrina Monroe (América para los estadounidenses) que el gigante del Norte ejecuta en nuestras tierras.
Dicha consolidación tiene un énfasis especial en mantener la hegemonía de Norte a Sur, asegurándose fuerte influencia en el denominado Triángulo del Litio (con Jerí en Perú, Milei en Argentina y ahora Kast en Chile) y en la proyección al Atlántico Sur y la Antártida.
En este artículo, analizamos: la gestión de Boric; algunas causas de su derrota; la política represiva contra el pueblo mapuche; los desafíos geopolíticos de la victoria de Kast en el extremo austral americano; y los porvenires a los que se enfrentarán las izquierdas chilenas.
El laberinto de las reformas: continuidades ¿y avances?
«La tumba del neoliberalismo», fue la síntesis expresada por la coalición izquierdista ante lo que sería su gestión frente al ejecutivo chileno.
Sin embargo, entre las expectativas frustradas del estallido social, las trabas institucionales y la falta de determinación para transformar el modelo neoliberal, el electorado terminó desplazando a la izquierda de La Moneda tras menos de un lustro en el poder.
En lugar de la propuesta encabezada por la comunista Jara, una gran mayoría optó por los sectores herederos del pinochetismo, marcando un giro de 180° impulsado por una sociedad políticamente desmovilizada, y asediada por la inseguridad urbana y el avance del crimen organizado (situación real pero inflada en gran parte por los grandes medios de comunicación), algo siempre capitalizado mejor por la derecha.
El programa inicial encabezado por Boric prometía el fin de la constitución pinochetista; la transformación del sistema de AFP, la condonación de la deuda estudiantil (CAE); una reforma tributaria que gravaría a los sectores más acaudalados para financiar derechos sociales y un acuerdo con las comunidades mapuches en el militarizado Sur. Pero ¿qué de todo eso se cumplió?
Valeria Chacana, militante comunista y profesora, explica a El Resaltador que la voluntad de avanzar en las reformas del programa chocó frontalmente con un Congreso que no brindó el apoyo necesario. Según la entrevistada, sacar adelante transformaciones estructurales sin mayoría parlamentaria resultó ser una tarea sumamente compleja para la coalición gobernante.
A pesar de estas dificultades, Chacana destaca hitos como la reforma de pensiones, señalando que, aunque le hubiera gustado que el gobierno avanzara más, se «logró mejorar la situación inmediata de los jubilados».
Para la militante, el alza en los beneficios para quienes percibían «pensiones de hambre» es un paso significativo que sienta una base hacia el Chile más justo. Sin embargo, reconoce que siempre quedan deudas en el camino para los gobiernos que se autodefinen como progresistas en la región.
Bajo la administración de Boric, la Pensión Garantizada Universal (PGU) experimentó una escalada desde los $185.000 iniciales hasta alcanzar los $250.000 en septiembre de 2025. La canasta básica por persona está hoy en $72.500 pesos chilenos (valor estimado según la progresión del IPC y el costo de la vida), mientras que para una familia de cuatro personas, la canasta básica alimentaria supera los $290.000 CLP.
Otro punto destacado por Chacana es el aumento del salario mínimo. Chacana destaca como un «alza histórica» el paso de los 300 mil a los 510 mil pesos durante la gestión de la ministra comunista Jeannette Jara. No obstante, el horizonte planteado por su sector era aún más ambicioso: alcanzar un salario vital de 750 mil pesos, lo que se verá impedido tras la derrota electoral.
Al ser consultada sobre el legado del 2019, Chacana es tajante al afirmar que «no fueron respondidas las demandas del estallido; esa es una de las grandes deudas».
La entrevistada sostiene que el fracaso en lograr un cambio constitucional fue el mayor revés de los sectores transformadores frente a un modelo neoliberal que define como intrínsecamente desigual.
Para la militante política, la falta de respuestas estructurales mantiene la vigencia absoluta de aquellas demandas de justicia social.
En ese sentido, el investigador Rafael Agacino -citado por el periodista Andrés Figueroa Cornejo-, las medidas como el aumento de las pensiones, resultan insuficientes para desmantelar el engranaje de las AFP, núcleo del descontento que detonó el estallido social de 2019.
Coincidiendo con el analista Alejandro Mora Donoso, también citado por Cornejo en el sitio «Liberación.cl», Boric terminó administrando la crisis en lugar de encarnar el cambio prometido.
Donoso sostiene que la ilusión de transformación fue meramente gestionada, trazando un puente que terminó sosteniendo la irrupción política de Kast.
En este sentido, “la continuidad estructural entre los gobiernos de Piñera y Boric» habría permitido que el «orden autoritario» avanzara de manera progresiva bajo un manto de normalidad.
Es valido preguntarse si ¿existe un autoritarismo progresista y otro neoliberal? o ¿son dos caras de la misma moneda?
Boric había prometido desmilitarizar el Sur y entablar un diálogo político sin precedentes con el pueblo mapuche, pero terminó renovando sistemáticamente el Estado de Excepción, manteniendo una presencia militar que superó en duración a la de su predecesor, Sebastián Piñera.
Fue bajo su gestión donde se promulgó la Ley Naín-Retamal, criticada por los movimientos de derechos humanos como una normativa de «gatillo fácil».
El pueblo mapuche, ¿el gran damnificado de Boric?
Gabriel Boric asumió la presidencia bajo un cielo de simbolismos, pronunciando sus primeros discursos en castellano y mapudungun. Las banderas chilenas y las wenufoye confluían frente a La Moneda aquél día…sugiriendo el nacimiento de una era donde la plurinacionalidad diría presente.
Sin embargo, con el paso de los meses, aquel despliegue de hermandad se reveló como más como una performance para la foto que como una política de Estado sin precedente.
Bajo esta administración, el Estado no solo mantuvo, sino que gestionó la herencia colonial mediante una militarización selectiva.
La represión de Carabineros, institución que no fue sometida a ninguna reforma estructural profunda como también se había prometido, mantuvo una presencia constante en el espacio público. Si bien la intensidad no alcanzó la virulencia del gobierno de Piñera, el aparato represivo nunca abandonó las calles, ensañándose particularmente con el movimiento estudiantil y el pueblo mapuche.
En la denominada Macrozona Sur, el gobierno optó por la militarización ante el sistemático fracaso del diálogo político, transformando el conflicto territorial en un escenario de guerra interna bajo el estado de excepción permanente.
Esta estrategia de control derivó en el encarcelamiento de líderes históricos, como Héctor Llaitul -condenado en un proceso ampliamente cuestionado por la defensa-, y en la persistencia de la violencia letal en el Wallmapu.
El costo humano de esta política quedó marcado por la sangre, como ocurrió con el asesinato de la comunera Claudia Barría en 2023 en un contexto de hostigamiento en zonas militarizadas, o el caso del joven Eloy Alarcón Manquepán, cuya muerte fue a manos de un civil armado en territorio custodiado por fuerzas estatales.
La violencia y al mismo tiempo la desprotección contra las comunidades mapuches llegó a un punto crítico con la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura en enero de 2024. La lideresa y mujer mapuche fue hallada meses después en un lugar que ya había sido rastrillado, perteneciente a un empresario forestal. Chuñil era hostigada por defender el agua de los intereses privados en su territorio ancestral.
El diálogo prometido nunca se institucionalizó. Fue rápidamente reemplazado por la persistente lógica del control territorial, demostrando que el uso de la lengua originaria en los salones de palacio no detiene las balas ni el asedio en los lof.
Las banderas de octubre fueron guardadas mientras la «Doctrina de Seguridad Nacional» ejecutada por los carabineros nunca dejó de ser el único idioma permitido hablado en el Wallmapu.
El tablero del fin del mundo: celebra el anglosionismo
A contramano del sentido común en ambos lados de la Cordillera de Los Andes, la geopolítica del Cono Sur no se agota en las fronteras terrestres.
Chile, con su proyección tricontinental (América, Antártida y Oceanía), y Argentina, en su condición bicontinental, comparten el gran parte el control del Pacífico Sur y el Atlántico Sur y su paso interoceánico, un enclave estratégico que hoy se encuentra bajo el acecho de las potencias globales.
Minerales críticos, reservas de agua dulce y pasos navales únicos en el mundo han puesto estos territorios en la mira de los intereses imperiales de Estados Unidos y el Reino Unido, a los que se suma la creciente y opaca influencia de Israel, particularmente activo en la Patagonia en lo que refiere al control del agua por parte de Mekorot y al territorio ocupado por Joe Lewis, magnate británico con probados lazos con las fuerzas militares israelíes, según ha denunciado el periodista especializado en el tema, Sebastián Salgado.
Aunque estas potencias tienen -obviamente- política exteriores particulares, convergen en una matriz ideológica y estratégica que prioriza la hegemonía anglosionista sobre los recursos del Sur Global. Un caso ejemplo de ello es la unión de capitales británicos-israelíes en la cuenca petrolífera de Malvinas, actualmente ocupada de manera ilegal y atentatoria de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este tablero, la victoria de José Antonio Kast y la consolidación de Javier Milei en Argentina actúan como un catalizador inmejorable para la expansión foránea.
No se trata solo de afinidad ideológica, sino de una sintonía que permite a los «primos» del Norte disputar la zona entre aliados, desplazando cualquier vestigio de soberanía autónoma en favor de una administración colonial de los recursos y alejando al fantasma chino.
La llegada de Kast a La Moneda introduce una interrogante crítica sobre la Antártida Sudamericana. Históricamente, Chile y Argentina han mantenido un reconocimiento mutuo de sus reclamos territoriales frente a un mundo que los ignora; sin embargo, este equilibrio es frágil. Una ruptura en esta posición por parte de la administración trasandina, aunque hoy parezca improbable, representaría un golpe devastador para la integridad territorial argentina y un triunfo para las pretensiones británicas en el continente blanco.
El desafío para la región radica en la histórica inclinación de la política exterior chilena hacia Londres. Habrá que observar cómo Kast arbitra la tensión entre la influencia británica y el imperativo expansionista yanqui en su nación.
En cualquier caso, el escenario es adverso para una Argentina que parece caer más por el peso de su propia impericia -la ausencia de políticas de Estado serias a largo plazo- que por la acción directa de sus vecinos, entregando el futuro del Atlántico Sur al mejor postor de la unidad anglosajona.
¿Y ahora qué weon?
Ante lo que Chacana entiende como un «avance global de la ultraderecha», la militante identifica un desafío urgente: la defensa de los avances sociales conquistados.
Para la profesora, es imperativo blindar políticas como la moderada gratuidad educativa y la Pensión Garantizada Universal (PGU), conquistas que hoy representan el único respiro para estudiantes y jubilados que antes no lograban siquiera subsistir.
Sin embargo, el peligro trasciende lo económico. Chacana alerta sobre una amenaza civilizatoria, especialmente contra las mujeres, citando los cuestionamientos de sectores republicanos a derechos fundamentales como el sufragio femenino.
«Con un gobierno de ultraderecha está en peligro la democracia», afirma, llamando a una unidad amplia de todas las fuerzas progresistas.
Para enfrentar esta embestida, «la estrategia debe virar hacia la ofensiva territorial». Y agrega: «La izquierda necesita reconstruir un movimiento popular capaz de disputar la conquista de conciencias, un terreno debilitado tras años de gestión administrativa».
Según su visión, el progresismo ha caído en la trampa de priorizar la burocracia estatal por sobre el fortalecimiento de las bases sociales.
Finalmente, la docente subraya que la institucionalidad no puede caminar sola. «Las reformas se hacen en la institucionalidad, pero deben ser acompañadas por los movimientos sociales».
Foto de portada: El presidente Boric (i) saluda al presidente elector Kast (d) en el palacio de La MonedaRodrigo ARANGUA – AFP.
