Catamarca: violenta represión contra una familia originaria

Catamarca: violenta represión contra una familia originaria

El hecho fue repudiado por distintas organizaciones, incluida el Servicio de Paz y Justicia que preside Pérez Esquivel.

Este jueves 31 de octubre, la Policía de Antofagasta de la Sierra ingresó en la propiedad de la familia Morales -Hortensia Morales, Leonor Morales y Santiago Morales, miembros de la comunidad originaria La Rinconada- y golpeó a varios integrantes.

Según explicaron mediante un comunicado del área de Pueblos Originarios de la Asociación Pensamiento Penal, la familia Morales está acusada de “usurpar un territorio que les pertenece“.

El rol del Poder Judicial es primordial, como garante de derechos, su intervención en este tipo de conflictos debe tener como premisa resguardar los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional en materia de territorialidad de las Comunidades Originarias. Las consecuencias de tomar medidas contrarias, ubica al Estado en un incumplimiento notorio de la normativa constitucional e internacional de la materia frente a la que se ha obligado“, expresaron desde Pensamiento Penal.

Paralelamente, desde la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) dijeron que “el trasfondo de la brutal represión es el interés de una empresa minera que quiere hacer un camino que atraviesa las tierras de la familia Morales”.

Actualmente, hay dos miembros de dicha familia que están detenidos mientras que la mujer se encuentra hospitalizada y custodiada por 5 efectivos.

El repudio de Pérez Esquivel

Desde el Servicio de Paz y Justicia que preside el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, emitieron un comunicado repudiando “el accionar represivo” contra la familia Morales.

Además, sumaron a su preocupación que “no se considere el acceso a la Justicia de los integrantes de esta familia“, tal como está contemplado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que integra la Nación.

Así expresa el comunicado completo:

Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de Derechos Humanos que preside Adolfo Pérez Esquivel, manifestamos preocupación por la represión sufrida por integrantes de la Familia Morales de la Comunidad Indígena la Rinconada de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, y vemos con preocupación el accionar represivo dispuesto por la Fiscal Saldaño, en turno en la Fiscalía Gral. de la 3ra Circunscripción de Belén.

Sobre todo que no se considere el acceso a la Justicia de los integrantes de esta familia en los términos de la Acordada 4102/09 de la Corte de Justicia de la Provincia, la que aplica las Reglas de Brasilia, en particular las que garantizan el derecho a acceder a la justicia a los Pueblos Indígenas.

En este sentido, es importante destacar que la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y el Convenio 169 OIT reconocen el derecho territorial de los Pueblos Indígenas a pesar de que estos no tengan documentos legales que acrediten la titularidad dominial, dado que los Pueblos son preexistentes al Estado Nación. Respecto del caso de Antofagasta de la Sierra, se produce una situación particular, ya que dicho territorio hasta la década del 70 perteneció al Estado Nacional y posteriormente fue anexado a la Provincia de Catamarca. Por lo tanto no hay pobladores indígenas, como no indígenas que posean título de propiedad.

Por ello, es muy preocupante que frente a esta situación de vulneración de derechos no se le haya dado intervención a la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia a fin de poder dilucidar la situación de la Familia Morales, ya que no solo con lo normado por el derecho indígena tienen derecho estas personas, si no que también lo tienen invocando el derecho civil, ya que en el mismo existe un principio que sostiene la posesión vale titulo, Por lo tanto los funcionarios judiciales deberían haber adoptado las medidas necesarias con el fin de evitar dicho atropello a los derechos de esta familia, ya que esta familia ha vivido desde tiempos inmemoriales en el lugar.

Por último, hacemos responsables a las autoridades sobre la integridad física de las personas que están privadas de la libertad e incomunicadas de manera arbitraria“.

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