Atucha III: denuncian que el proyecto viola leyes argentinas

La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), informó que el Dr. Raúl Montenegro y los abogados Juan Smith y Fabián Maggi "denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por aprobar la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas".

La construcción del reactor Atucha III avanza a pesar de al falta de evaluación de impacto ambiental. Es por eso que denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para construcción de reactor nuclear chino en una supuesta violación a las leyes nacionales.
 
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de Campana, Buenos Aires, por el Dr. Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith. También cuenta con el patrocinio del abogado Fabian Maggi.
 
"El reactor chino, experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica que consume Argentina", denunciaron desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).

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Concretamente, se pide que hasta no realizar la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente se "suspendan los efectos del ilegal contrato celebrado". La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires. 

"El gobierno nacional pretende –ilegalmente- que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido".

Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

En palabras de FUNAM, esta obra "le impondría además al país riesgos enormes, pues en caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES, además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”.

Argumentos de la denuncia

En la presentación judicial, Raúl Montenegro, y Juan Smith, concretaron una “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de instrumento público, previstos en  los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.
 
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. Recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”.
 
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”, señalaron en la denuncia.
 
Además, en el escrito recordaron que "Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983”.

Por su parte Juan Smith precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, dentro de una larga lista de problemáticas (inflación, desocupación, inseguridad), si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia. Esa distorsión es por donde se cuelan estas desatinadas ideas, como es la de seguir sosteniendo y empujando este tipo de energías”
 
El abogado ambientalista Juan Smith, quien acompaña numerosas luchas de comunidades afectadas por gobiernos y empresas que violan la ley, señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen son los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos, desconoce y no advierte cuando son vulnerados”.

Por su parte el Dr. Fabian Maggi expresó: “el marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.