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Arma de fuego

Los incendios que azotan a gran parte de nuestro país no son excepción en la provincia de Córdoba donde, al cierre de esta edición, arrasaron con 191.000 hectáreas. Si bien se suele hacer foco en las circunstancias naturales que los propician, más del 90% de ellos fueron causados por el hombre. Repasamos las causas y […]

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Los incendios que azotan a gran parte de nuestro país no son excepción en la provincia de Córdoba donde, al cierre de esta edición, arrasaron con 191.000 hectáreas. Si bien se suele hacer foco en las circunstancias naturales que los propician, más del 90% de ellos fueron causados por el hombre. Repasamos las causas y consecuencias de una problemática que no parece que se vaya a extinguir pronto.

Por Facundo Iglesia

191.000 hectáreas. Solo en nuestra provincia y solo en lo que va del año, se incendió el equivalente a la superficie de tres ciudades de Córdoba. En todo el país, 646.648 hectáreas: más de 11 veces la capital de la provincia, desde la que ya se huele el humo de las sierras que arden y desde la que se ve el fuego rojizo que devora el monte. ¿Cómo se llegó a esta situación en la provincia mediterránea? ¿Qué nos quedará una vez que apaguemos el fuego? ¿Quiénes nos protegen y quiénes no lo hicieron?

Cenizas quedan

Desde que nació, Guillermo Galliano es un apasionado por las aves. A los 19 años, compró una cámara de fotos y se lanzó al mundo: llegó a recorrer 36 países incluida la Antártida, documentando sus reservas naturales. Hoy, a los 45, preside la fundación ornitológica Mil Aves. “Tristeza, decepción y vergüenza”, responde cuando le preguntamos qué siente con respecto a los incendios, cuyas llamas casi alcanzan su casa de Unquillo.

Afirma: “El impacto es catastrófico. El problema de las aves es que se prende fuego su hábitat, su refugio y donde consiguen alimentos. Ahora, en octubre, es la época en que empiezan a nidificar. Bajará la tasa de natalidad en las distintas especies”. Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, agrega: “Se produce una pérdida de toda la biodiversidad, tanto de flora como de fauna”. Según Galliano, por las características de los árboles, pueden pasar hasta 50 años hasta que vuelvan a crecer. Agrega Kopta: “Antes de estos incendios, de bosque nativo quedaba en buen estado un 2,27%. ¿Cuánto se ha quemado de eso ahora? Todavía no lo sabemos”.

Y advierte que otro efecto importante es que los suelos quedan al descubierto, expuestos a agentes erosivos como vientos y lluvias. Más tarde, “eso genera un arrastre de sedimentos y cenizas a los cursos de agua y a los lagos que producen una proliferación posterior de cianobacterias. Eso después impacta en el agua potable, porque algunas de ellas generan toxinas. Y cuando mueren, se descomponen, se agota el oxígeno del agua y mueren los peces…”, advierte.

Por otro lado, los incendios incrementan el riesgo de posteriores inundaciones, ya que se pierde la capacidad de mantener en las cuencas el agua de lluvia, que luego se escurre por la superficie. “Un tsunami nos cayó del cielo”, decía en febrero de 2015 el entonces gobernador José Manuel de la Sota sobre las inundaciones en las Sierras Chicas, donde la lluvia cayó sobre una cuenca totalmente pavimentada. En aquella ocasión, fallecieron al menos siete personas.

Una economía en llamas

Si bien existen circunstancias naturales -como la sequía y el viento- que pueden propiciar los incendios, según los expertos estos son intencionales al menos en un 90%.  Los intereses que les sirven de combustible son diversos: en primer lugar, el avance de la frontera agropecuaria. Dice Kopta: “En los 90 y 2000, los departamentos quemados que encabezaban la lista eran Río Seco y Tulumba. Hoy, no aparecen: sencillamente, porque son soja. No hay qué quemar”.

“Otra causa es el avance del desarrollo urbano”, agrega Galliano. Y ejemplifica: “Camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, había bosque nativo, con toda su biodiversidad. Ahora hay todos countries y barrios cerrados. ¿Cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semana de por medio los bomberos”. El 28 de agosto de este año, entrevistada por FM de La Calle, Samanta Solaguren de la organización Vecinos Autoconvocados Por el Monte, contaba que los vecinos de Villa Silvina denunciaban el avance de un proyecto inmobiliario millonario de un barrio cerrado sobre las cuencas de los ríos, al tiempo que los fuegos devoraban la zona. A principios de este mes, consultada por la revista Electrum, advertía que se ofrecían lotes en la Reserva de Manantiales de Río Ceballos y que ya hay rumores de proyectos de torres en la zona de La Paisanita, también regiones que fueron alcanzadas por los incendios. Por otro lado, a principios de octubre, los medios difundían cómo se vendían lotes quemados, ubicados en Villa Carlos Paz.

Pero para Galliano “no es una cuestión de clase”: el desarrollo urbano que alimenta incendios también puede comprender barrios abiertos, además de caminos. “Varias veces, por donde va a pasar una ruta ¡oh, sorpresa! hubo un incendio”. “Eso pasó cerca de Villa Dolores y con la Autovía de Montaña en la región de Sierras Chicas”, denunció.

Motivos adicionales incluyen el sobrepastoreo (la costumbre de algunos chacareros de quemar pastos en invierno, para que luego salgan más verdes) y también, fuegos que se provocan para “limpiar” el bosque que luego se descontrolan.

El fuego mueve la economía”, resume Galliano. “Un fósforo siempre es más barato que un estudio de impacto ambiental”.

“Hay un patrón general en que el fuego es usado como una herramienta para el desmonte. Es la previa al cambio del uso del suelo, tanto como para implantar agricultura como para emprendimientos inmobiliarios”, afirma Kopta. Sin embargo, tanto la Ley de Manejo de Fuego como la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos prohíben cambiar la categoría de conservación de lo que se haya quemado. ¿Por qué en la práctica esto no sucede? “Las leyes no funcionan solas: hace falta voluntad política para aplicarlas”, dice Kopta.

Primera línea

Ataviado con casco, antiparras, campera, guantes, pantalones de fajina y borcegos, Santiago se adentra al monte que arde. Lleva en la espalda 30 litros de agua en una mochila especial, pero apenas los siente: su corazón bombea pura adrenalina. Entre bomberos voluntarios y otros brigadistas como él, echa el agua sobre las llamas; estas transmutan en un humo oscuro que asciende al cielo rojo. Finalmente el fuego se disipa y junto a él, la adrenalina en su sangre. Allí, en la región de Manantiales, mientras la ceniza se le pega a toda la ropa que jamás fue ignífuga, ve los árboles chamuscados, ve el monte que se torna negro. El bosque nativo que es devorado. De repente a Santiago le pesa la mochila de agua, aunque ya está casi vacía.

Tarduchy forma parte de la Brigada Chavascate, una organización que lleva dos años en la primera línea de combate contra los incendios. Son trece vecinos de la zona que comenzaron luego de que referentes del Parque Nacional Quebrada del Condorito les dieran una capacitación en apagar fuegos. Actualmente, asisten a los cuarteles de bomberos voluntarios de La Granja, Río Ceballos, Salsipuedes y Unquillo. Para el brigadista, los bomberos voluntarios están bien equipados, pero son pocos. “Hay veces que, en nuestra jurisdicción, si les piden a la jefa que mande bomberos a otra zona, la dotación se queda con 3 o 4”, cuenta. Además, la Ley de Manejo de Fuego determina que la tarea de los bomberos es proteger a las viviendas y a las personas, no al monte. En la misma línea de esa legislación se expresó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuando a fines de septiembre dijo que “lo fundamental” era proteger “la vida de las personas” y evitar “pérdidas materiales”. Dice Galliano: “La ley no habla de proteger bosque nativo, ecosistemas, cuencas hídricas, aves, zorros, comadrejas, orcos quebrachos y algarrobos de cientos de años…”. Pero Tarduchy y los brigadistas no pueden hacer esa distinción, ya que viven en una “zona de interfase”. Es decir, sus hogares colindan con el monte.

Por otro lado, el Plan de Manejo de Fuego se implementa de forma deficiente. “Tuvo momentos de funcionamiento óptimo entre 2004 y 2006”, afirma Kopta. “En aquel momento, se hizo un trabajo integral con puestos de vigía en zonas de riesgos de incendios y de concientización con los productores. Todo eso desapareció desde el 2013”, dice.

Para Kopta, los bomberos y brigadistas hacen lo que pueden, pero nunca alcanza. “Estamos trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas”, afirma. Si la realidad hubiera sido la opuesta, quizá este año no habríamos lamentado la muerte de dos cordobeses a causa de las llamas que combatían.

A fuego lento

A fines de agosto, Schiaretti responsabilizaba de los incendios a un factor incontrolable por el hombre: “El clima nos castiga”, decía. Quizás por eso, actuó de la forma en que lo hizo. El 6 de octubre, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció penalmente al gobernador por actuar con "demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones" para combatir los incendios, ya que el fuego comenzó en junio y recién a finales de septiembre se solicitó la ayuda. Es decir, cuando las hectáreas arrasadas ya se acercaban a las 90.000.

¿Cómo ha actuado la Justicia históricamente con respecto a los incendios? “En los últimos cinco años, hubo solo dos condenados por ocasionarlos. Los números hablan por sí solos”, dice Kopta. Están lejos de ser un fuego purificador, pero los recientes incendios están echando luz sobre los responsables de una problemática que muchas veces se evita mirar directamente. Hasta que es demasiado tarde.

Cristian Dominguez

Redactor y co-productor de contenidos para el sitio web y las demás plataformas de El Resaltador.
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