El informe también revela que cerca de un tercio de la población rural, en particular los pueblos indígenas, tiene necesidades básicas insatisfechas, con acceso inadecuado a la educación, a la atención de la salud, a internet y telefonía.
El Banco Mundial emitió un informe para el Gobierno de la República Argentina. El trabajo se titula «Hacia un sector agroalimentario más competitivo, inclusivo y resiliente en Argentina».
Algunas conclusiones
1) El sector agroalimentario es fundamental para la prosperidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de Argentina.
En 2021, las cadenas de valor agrícola y agroalimentaria representaron el 15,7% del producto interno bruto (PIB) total, el 10,6% de los ingresos tributarios, entre el 17% y el 24% del empleo
en el sector privado y el 61% de las exportaciones, lo que convirtió al país en el tercer exportador neto de alimentos del mundo, lejos del número 1 (Brasil) pero disputando el segundo lugar con Países Bajos, palmo a palmo.
El campo tiene una dinámica propia de crecimiento. Esto se hace patente al analizar el crecimiento de la productividad total del sector agroalimentario, que superó el aumento general del PIB con un incremento del 3,7% anual desde 1973 gracias a la adopción de nuevas tecnologías.
Y un elemento adicional que destaca el reporte es que, aun creciendo más que el resto de la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por unidad de producción han disminuido, en particular con la adopción generalizada de prácticas de siembra directa en la producción de cereales. Esto posiciona al país como un productor ecológico de alimentos.
Te puede interesar: «¿El RIGI facilita la fuga de capitales?»
2) Un sector agroalimentario resiliente es fundamental para el desempeño macro-fiscal de Argentina.
Bajar la exposición de la producción a las variaciones del clima a través de la incorporación de tecnología es fundamental porque los impactos climáticos que sufre la producción agroalimentaria tienen efectos en cadena para la economía en general.
Las sequías de 2018 y 2009 se asociaron de manera similar con la depreciación del peso y las contracciones del PIB.
3) Las limitaciones relacionadas con las políticas públicas, los patrones de desarrollo y las prácticas de producción insostenibles están creando desigualdades e impidiendo el crecimiento del sector.
Tal vez sea este el capítulo en que el reporte es más explícito en las advertencias sobre las deficiencias del modelo de producción nacional.
Es que en la última década, las exportaciones agroalimentarias han caído un 1,3% anual, y la participación de Argentina en los mercados agroalimentarios internacionales disminuyó del 2,7% en 2011 al 2,2% en 2021.
Pero el dato de la caída se pone en contexto cuando se compara con la evolución del resto de los países con significación agrícola: Argentina es el único país que ha caído en sus exportaciones agrícolas en la última década.
Las políticas distorsivas han dañado especialmente a los pequeños productores de zonas más remotas, con márgenes más bajos y un menor acceso a los servicios. Dado que los gravámenes al sector ganadero de Argentina se ubican entre el 49% y el 57%, las ganancias de los productores de carne vacuna (principalmente de pequeña escala) se han visto duramente afectadas, lo que ha reducido su capacidad y los incentivos para mejorar las prácticas de producción.
Entre 2001 y 2014, Argentina también perdió más del 12% de su superficie forestal, y los productores y el sector público no han invertido lo suficiente en la gestión del agua. Si no se implementan medidas de adaptación, los daños causados por las inundaciones podrían reducir el PIB en un 0,5% al año para 2060, y las sequías persistentes podrían provocar una disminución del PIB de un 4% anual para 2050. La pobreza rural se mantiene elevada, en especial entre las comunidades indígenas.
5) El capítulo de la producción familiar
El contexto: De 334.000 productores agropecuarios que hay en Argentina, 251.000, o tres cuartas partes, son familiares. Las explotaciones agropecuarias familiares proporcionan aproximadamente la mitad de los alimentos que consume la población local y a la vez contribuyen a las exportaciones del país: en 2021, exportaron USD10.800 millones.
Sin embargo, 172.000 de esos productores familiares no disponen de suficientes recursos –tierra y capital– para poder vivir de su producción, y dependen de otras fuentes de ingresos.
Cerca de un tercio de la población rural, en particular los pueblos indígenas, tiene necesidades básicas insatisfechas, con acceso inadecuado a la educación, a la atención de la salud, a internet e incluso a la telefonía.
Las explotaciones familiares son menos resilientes frente al cambio climático y al contexto macroeconómico. En parte, por esos motivos, la cantidad de explotaciones familiares se redujeron alrededor de un 40% entre 1988 y 2018.
Con información de Cba24n.
