Las redes sociales, a veces, conectan problemáticas con personas que pueden visibilizarlas. Pero conocer superficialmente un hecho, a la distancia, deja muchos vacíos a la hora de pensar una solución con las y los protagonistas.
Por Agustina Bortolon
El influencer/instagramer Santiago Maratea, a partir de un vínculo de amistad con Omar Gutiérrez -un miembro de la comunidad wichi Misión Chaqueña de Salta- organizó una recaudación de fondos para comprar una camioneta y equiparla como ambulancia.
Debido a la difusión de este proyecto, no sólo consiguió una, sino que dos. Una camioneta iba a ir destinada para la comunidad de Misión Chaqueña y la otra para una ONG llamada “Pata Pila” con la intención de transformarla en un centro de nutrición móvil que colaboraría con la comunidad wichi -ONG que se terminó bajando del proyecto por cómo sucedieron los hechos-.
Escuchar a las comunidades indígenas, una práctica que falta
Lo que sucedió al llegar a Salta para entregar los vehículos y demás donaciones, fue que el panorama era muy diferente al esperado. No todos estaban de acuerdo con el proyecto, por lo que se generaron ciertas disputas con intereses contrapuestos entre los distintos grupos; los miembros de la comunidad de Hickman se acercaron para plantear una serie de demandas, como la falta de un pozo de agua y de una ambulancia.
Además, justo el domingo había elecciones para renovar la comisión directiva de Misión Chaqueña, hecho que no es menor ya que esto también generó una discusión; que acabó con la policía interviniendo.
Ahora bien, esta situación puntual deja en evidencia algunas cuestiones que arrastran años y años de historia. En primera medida, la idea dominante de pensar a las comunidades indígenas como grupos homogéneos, conformados por seres pasivos, marginados, que esperan indefensos una ayuda y compasión externa -que siempre viene de la mano de personas completamente ajenas a las dinámicas propias de las comunidades-.
Es importante mencionar que dentro de la comunidad Wichi existen jerarquías, disputas, personas con poderes asignados y una organización propia que fue avasallada por la realización de este proyecto que irrumpió de forma violenta simbólicamente.
Las demandas existen, eso es una realidad; pero el error fundamental está en creer que las comunidades están compuestas por personas infantilizadas que no tienen la potestad de enunciarse como sujetos políticos, por lo que “sí o sí hay que intervenir” aunque eso implique no escuchar a los protagonistas y creer que porque hay carencias y ausencia estatal, van a estar de acuerdo con toda intervención que se lleve adelante. Existe entonces una mirada paternalista hacia las comunidades indígenas, anulando políticamente a sus integrantes.
En otras palabras, mientras que cualquier ciudadano puede acceder a varias dependencias estatales y demás mecanismos para manifestarse, los miembros de las comunidades indígenas quedan supeditados a hacerlo mediante interventores paternalistas y clientelistas por medio de un tutelaje que la gran mayoría de las veces desconoce las demandas reales.
“Terminó estando todo bien. Una persona de la comunidad me dijo: estamos en total desacuerdo con lo que estás haciendo pero muchas gracias. No me sentí muy bien la verdad, pero lo respeto”, expresó Maratea luego de la entrega de las ambulancias.
¿Influencers cumpliendo el rol del Estado?
Volviendo sobre el caso puntual mencionado en la introducción, la comunidad de Hickman se acercó a donde estaba el influencer para plantear sus demandas: la falta de un pozo de agua y de una ambulancia para beneficio de su comunidad. Esto es una clara evidencia del total abandono del Estado, que no está ligado a este contexto particular sino que es un problema estructural de nuestro país.
La comunidad Wichi sobrevive sin acceso al agua potable ni alimentación básica, con un sistema de salud deficiente que no está adaptado, con políticas públicas excluyentes.
Existen de esta forma incongruencias entre lo que vive la comunidad y lo que el Estado percibe de esa realidad, con una falta total para resolver las demandas en profundidad; es decir, que las comunidades tengan pleno acceso a sus territorios, que puedan hacer uso de los recursos naturales, que se tomen medidas firmes para frenar el desmonte y sancionar a quienes explotan la tierra devastando los recursos y explotando al monte nativo.
A su vez, los pozos de agua de veinte, treinta o cien metros no representan una solución efectiva, porque ese agua la mayoría de las veces no es apta para el consumo humano, conteniendo cantidades de sales, flúor, arsénico o magnesio intolerables. Además, los centros de salud se encuentran muy alejados de las comunidades, que no cuentan con un medio de transporte eficaz.
Los eternos olvidados del Estado argentino, una deuda que nunca termina de saldar, no sólo por la invisibilización sistemática sino por la ausencia total de una articulación eficaz con las comunidades.
