Alberto Fernández dispuso la anulación de la intervención de Vicentín

Mediante un decreto, el presidente dispuso la anulación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C.. “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo” indicó vía Twitter.

El presidente dispuso la anulación de la intervención de Vicentin (Imagen de archivo)

Vía Twitter, el presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció la anulación del DNU para intervenir por 60 días a Vicentín S.A.

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Al respecto, el presidente presentó dos argumentos principales:

  • “El juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía.
  • Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019″.

Ante este panorama, Fernández indicó que se dispuso la anulación de la intervención de Vicentín. “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, agregó.

A su vez, indicó que en estas condiciones el estado nacional no comprometerá recurso públicos: “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, subrayó.

El presidente también aclaró que “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo“.

Por último, expresó que el rol del Estado es que se investigue las causas que llevaron a la empresa al estado de desidia luego de obtener grandes préstamos del Estado.

Por ello indicó que “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

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