Los trabajadores del ex centro clandestino afirman que la acción del Gobierno busca garantizar impunidad.
Hay preocupación entre trabajadores de la ex-ESMA y sectores de Derechos Humanos por la desclasificación de archivos de la última dictadura que propuso el Gobierno nacional.
El decreto, que no hace más que efectivizar una medida ya tomada por Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, moverá dichos archivos de la SIDE al ámbito del Archivo General de la Nación.
Trabajadores de la Ex-ESMA, que funcionó en aquella época como un Centro Clandestino de Detención (CCD), denunciaron en la Agencia Noticias Argentinas que el gesto del Gobierno es «pura demagogia».
Los trabajadores calificaron la desclasificación de archivos de este modo no solo por presentar como nueva y propia una iniciativa de CFK sino también porque «¿quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas”.
En este contexo la desclasificación forma parte de las políticas negacionistas del terrorismo de Estado y de «memoria completa» del Gobierno Nacional, cuyo fin es reinstalar la teoría de los dos demonios.
Los trabajadores de la Ex-ESMA explican que el objetivo de la desclasificación de archivos es «garantizar la impunidad» para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, instalando nuevamente en la sociedad la idea de los crímenes de los represores como meros excesos de una guerra entre dos bandos con igual poder.
«Esa idea sobre que ellos respondieron porque la Patria estaba en peligro es un discurso viejo”, dijeron los trabajadores del ex CCD, ahora organismo de DDHH.
La desclasificación de los archivos busca entonces reflotar las viejas razones esgrimidas por los represores para justificar el despliegue genocida y terrorista sobre la población argentina.
No todo crimen es un crimen de lesa humanidad
La desclasificación de archivos de la última dictadura recae puntualmente sobre el accionar de los Servicios de Inteligencia y la determinación del Poder Ejecutivo de declarar delito de lesa humanidad al asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, propiciado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Sobre este crimen y la violencia de grupos guerrilleros en general, los trabajadores de la ex-ESMA explican: “El Gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”.
Los militantes guerrilleros que cometieron acciones violentas en el marco de la lucha armada, que en algunas ocasiones resultaron en personas muertas y heridas, jamás tuvieron la posibilidad de ser juzgados por esos crímenes.
Esto es porque el Estado se encargó de privarlos del derecho fundamental de un juicio justo, los secuestró, los torturó, los hizo desaparecer y se apropió de sus hijos e hijas, al igual que lo hizo con otras 30.000 personas por una variedad de razones cuya amplitud iba desde militar en organizaciones armadas hasta tener el pelo largo o leer ciertos libros.
El negacionismo avanza
En otro avance del negacionismo, el diputado del PRO afín al oficialismo Gabriel Chumpitaz publicó en redes este 25 de marzo su deseo de transformar la Ex-ESMA en un predio de entrenamiento para las Fuerzas Armadas y bomberos.
El diputado eligió nada más y nada menos que el día posterior a la multitudinaria marcha de la Memoria por la Verdad y la Justicia para realizar este posteo en donde plantea que tener memoria por los crímenes de lesa humanidad «divide a los argentinos». Para Chumpitaz, sin duda sería mejor olvidar nuestra historia.
✔️ ESMA: MIRAR AL FUTURO
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) March 23, 2025
El museo de la memoria divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado. Haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos.
