La organización Archivistas en la Función Pública Argentina manifestó su preocupación, puesto que estos archivos podrían implicar evidencia a utilizar en juicios por crímenes de lesa humanidad.
La Armada decidió mudar su archivo general. Como parte de la mudanza, la jefatura de la fuerza autorizó a “triturar” documentación en pos de “limpiar” la información que tiene en su poder.
En este marco, la organización Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) expresó su preocupación y “alarma” ante esta decisión de la Armada. Estos documentos podrían implicar evidencia a utilizar en juicios por crímenes de lesa humanidad.
El comunicado de la AFPA expresa que, a comienzo de 2025 -según la nota GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA-, las autoridades de la Armada Argentina dieron la orden de iniciar la depuración/selección para «trituración» de documentos preservados en el Archivo General de la Armada, ubicado en la calle Bolívar 1622, Ciudad de Buenos Aires (CABA) .
Allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los que se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial, detalla la asociación civil.
Y afirma que «es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la Historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos».
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Además, instan a las autoridades de la Armada a cumplir con los procedimientos archivísticos para la realización de esa tarea, “los cuales se encuentran estandarizados internacionalmente, cuentan con normativa vigente en nuestro país referida a la evaluación documental (Decreto N° 1131/16) y con organismos competentes para su aplicación”.
Presentación judicial
El abogado de Derechos Humanos y periodista Pablo Llonto informó que, al enterarse de la noticia, realizó una presentación judicial en la que solicitó una medida de no innovar en la que impide la posible destrucción de documentación de la Armada.
Llontos detalló que la resolución que habilitaría la destrucción de esta documentación es «muy genérica» y no especifica qué documentos serían plausibles de ser eliminados.
Sin embargo, esa imprecisión y falta de especificación “habilita a oficiales o suboficiales, con criterio personal, a triturar documentación”, explicó al ser entrevistado por Radio Provincial.
Para el abogado, la decisión de eliminar archivos evidencia un ‘enorme riesgo’ para todos los documentos que pueden ser pedidos por los jueces en los procesos por crímenes de lesa humanidad en los que está implicada la Armada.
A su vez, precisó que en numerosas causas se requiere información vinculada al accionar de esta fuerza en el engranaje del terrorismo de Estado.
El periodista, junto a otros abogados, hizo la presentación judicial para que la Justicia determine que “la Armada momentáneamente no toque nada, que cite a los responsables de Defensa y la Armada, y que quede claro que toda la documental vinculada a la dictadura no se puede destruir; y que si se dispone un traslado de los documentos, sean preservados”.
