Tras la prohibición inconstitucional del presidente Milei, cuatro adolescentes trans exigen poder continuar sus terapias y que sean respetados sus derechos.
El martes 18 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro adolescentes trans exigieron poder continuar sus terapias de reafirmación de género autopercibido.
Los adolescentes presentaron un amparo frente al DNU 62/2025 del presidente Milei para que la justicia reconozca su derecho a la identidad.
En dicho amparo solicitan una medida cautelar para evitar los graves perjuicios que interrumpir estos tratamientos podría causar en su desarrollo y bienestar.
La depresión severa, la angustia y el aumento del riesgo de suicidio son algunas de las consecuencias listadas por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, explica que el DNU 62/2025 es nulo e insanable, arbitrario e ilegal.
El decreto viola la Ley de Identidad de Género, el principio de progresividad, los derechos a la identidad de género y a la no discriminación e incumple los criterios de necesidad y urgencia.
La demanda fue impulsada por el Frente Nacional Orgullo y Lucha con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez y el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera.
La causa recae en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 y está a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.
La opinión de los expertos
En su comunicado la SAP remarca lo siguiente: “El acceso a tratamientos adecuados respaldados por equipos interdisciplinarios especializados mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar”.
La SAP nos explica que en las infancias y adolescencias trans, el acompañamiento es pediátrico, social y psicológico. Tratamientos farmacológicos sólo tienen lugar en una proporción menor de casos bajo estrictos estándares científicos y éticos.
Las organizaciones 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), expresaron que “es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y una violación al principio de progresividad en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”.
Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, dice: “El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans (…) que sólo buscan vivir sus vidas en paz”.
La investigadora del CONICET Marisa Herrera afirma que esta acción judicial es la puesta en práctica del verdadero interés superior del niño.
“¿Cómo es posible referirse a él sí, en este caso, los y las adolescentes trans no son escuchados?”, argumenta Herrera.
Desde el Frente Nacional Orgullo y Lucha advierten que “esta es la primera de varias acciones judiciales que serán presentadas en distintas jurisdicciones, como parte de una estrategia para frenar el avance de políticas regresivas que atentan contra los derechos de las personas LGBTINB+».
