En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Tamara Pez, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Córdoba, advirtió sobre el avance de discursos negacionistas y reivindicó las políticas públicas de memoria sostenidas por la Provincia.
A pocos días de un nuevo 24 de marzo, el escenario en materia de derechos humanos aparece atravesado por tensiones, retrocesos y disputas simbólicas.
Así lo plantea Tamara Pez, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Córdoba, quien define el momento actual como “muy complejo” y marcado por la necesidad de defender conquistas que parecían consolidadas.
“Hoy no estamos en un contexto de expansión de derechos. Estamos en un momento en el que lo que logramos hay que sostenerlo y defenderlo”, afirma.
Derechos en tensión y disputa por el sentido
Para Pez, muchos de los consensos democráticos construidos en las últimas décadas -en torno al Estado de Derecho, la memoria y la justicia- vuelven a ponerse en discusión.
“No alcanza con haber conquistado derechos. La disputa ahora es por su sostenimiento”, señala. Y agrega que parte del desafío es volver a explicar, una vez más, qué significa hablar de Estado de Derecho y por qué las políticas de memoria no son una agenda sectorial, sino un pacto social básico.
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El avance de discursos negacionistas y de odio no es un fenómeno aislado ni exclusivamente local. Pez lo inscribe en una tendencia más amplia, con expresiones a nivel mundial, donde resurgen narrativas que relativizan crímenes de lesa humanidad o banalizan procesos históricos traumáticos.
En ese marco, Córdoba no es una excepción. “El negacionismo está avanzando en todo el país. Eso tensiona los logros alcanzados y obliga a repensar estrategias”, advierte.
Juventudes y memoria: un desafío generacional
Uno de los ejes centrales de la agenda actual es cómo interpelar a las nuevas generaciones. A medio siglo del golpe, la dictadura puede percibirse como un hecho lejano para muchos jóvenes.
No obstante, Pez remarca que sus consecuencias siguen siendo actuales. “Hay jóvenes que quizás no conocen completamente su historia familiar, que pueden tener vínculos atravesados por desapariciones o apropiaciones. No es un tema antiguo: sigue teniendo efectos en el presente”.
La construcción de memoria, subraya, es un proceso intergeneracional que requiere nuevas formas de narrar y transmitir. “El gran desafío es cómo hablamos de esto en sectores donde pareciera generar rechazo previo”.
También cuestiona la idea de que las políticas de memoria pertenezcan a un espacio partidario. “Cuando se instala que hablar de dictadura o de terrorismo de Estado es algo de un partido político, se deslegitima la discusión y se bloquea el diálogo. Y eso es profundamente dañino para la democracia”, afirma.
Recortes nacionales y sostenimiento provincial
En un contexto de recortes a nivel nacional, la secretaria no esquiva la crítica: habla de un “vaciamiento” de las políticas de memoria y justicia impulsadas por el Estado nacional.
No obstante, marca una diferencia en el caso cordobés. Este año, además del 50° aniversario del golpe, la provincia cumple 20 años de políticas públicas sostenidas en materia de memoria y justicia.
“En Córdoba, muchas de estas políticas se sostuvieron con recursos provinciales. Los espacios de memoria y la difusión de lo ocurrido durante la dictadura no dependían centralmente de financiamiento nacional”, explica.
Aunque reconoce que ciertas herramientas vinculadas a los juicios o programas específicos sí se ven afectadas por las decisiones nacionales, asegura que el compromiso provincial continúa. Entre otras medidas, se mantiene el subsidio para personas ex presas políticas con fondos propios.
Una agenda federal para el Mes de la Memoria
De cara a las actividades por el 24 de marzo, Pez destaca que el 50° aniversario dio un impulso especial a la agenda de este año. La programación oficial será presentada el 12 de marzo e incluirá propuestas no solo en la capital, sino también en distintas localidades del interior provincial.
“La memoria no puede quedar concentrada en Córdoba capital. Queremos que más áreas de gobierno, más municipios y más organizaciones se sumen, para que esto tenga mayor alcance”, sostiene.
En un contexto adverso, la apuesta es ampliar alianzas y fortalecer el entramado democrático. “Defender la memoria es defender los valores democráticos. Y eso no es una consigna partidaria, es una condición para que el ‘Nunca Más’ siga teniendo sentido”, concluye Tamara Pez.
