A pocos días de la 11° Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba, repasamos los alcances de la Ley N° 26.657, que, a 14 años de su sanción, aún hoy no se implementa plenamente en Argentina.
Este 29 de noviembre, en la ciudad de Córdoba, se llevará a cabo una nueva Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización de este año está atravesada por el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno nacional, con Javier Milei a la cabeza.
Entre muchos otros derechos, desde diciembre de 2023 la administración libertaria puso en jaque uno fundamental: la salud mental.
Una ley que apunta a la desmanicomialización
El 25 de noviembre de 2010, tras un extenso debate plural e interdisciplinario, el Congreso Nacional sancionó la *Ley N° 26.657. Fue reglamentada en 2013 y confirmada en el Código Civil de 2015.
Así, Argentina se convirtió en un país pionero en aprobar una normativa que apunta a desmanicomializar la vida de las personas.
La ley de salud mental obliga a la sustitución progresiva y definitiva del abordaje manicomial (basado en la internación y segregación de las personas con discapacidad psicosocial en hospitales psiquiátricos), por uno de base comunitaria conformado por una red de dispositivos de distinto tipo.
Entre ellos, servicios de inclusión social y laboral, apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, viviendas asistidas y cooperativas de trabajo.
La meta de desmanicomializar que busca la normativa genera beneficios para toda la comunidad: por un lado, garantiza que las personas que hoy no pueden decidir sobre sus vidas por estar en hospitales psiquiátricos, puedan salir de ellos y vivir en comunidad con los apoyos que precisen.
Por otra parte, la apertura de nuevos servicios y la descentralización permite responder de forma más eficiente y adecuada a la demanda creciente de asistencia. De esta manera, es posible llegar a miles de personas que hoy no reciben ningún tipo de atención en salud mental.
Desde la sanción de la ley hasta la actualidad, se avanzó en la revisión de las prácticas manicomiales, a través de la creación de órganos de revisión en distintos puntos del país, que monitorean el cumplimiento de la norma y las condiciones de internación.
Hacia la plena implementación
No obstante, la plena implementación de la ley de salud mental, aún hoy, enfrenta una serie de problemáticas.
Si bien hay avances en algunas regiones del país, prácticamente no existen políticas públicas estructurales que permitan avanzar en la desmanicomialización de usuarios y usuarias. A esto se le suma la deficiente cobertura estatal y de las obras sociales y prepagas para las prestaciones ligadas a la salud mental.
En Argentina, el Estado debe destinar, como mínimo, el 10% de los recursos que invierte en salud, en salud mental. De acuerdo a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se prevé que, para fines de 2024, la inversión será del 1,82%.
Si se aprueba el proyecto de presupuesto tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, en 2025 la inversión será de apenas el 1,60%.
Los fondos que se destinan a la salud mental deben contribuir al fortalecimiento de las acciones de prevención, a la implementación de red de dispositivos comunitarios y a la asistencia de las personas en sus procesos de externación.
Es fundamental que el Estado nacional garantice una inversión adecuada y suficiente para la salud mental y asegure el pleno cumplimiento de la normativa, que ya tiene 14 años de historia.
Por lo mencionado, es importante sumarse a la 11° Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba. Para que todos y todas podamos construir un mundo donde quepan muchos mundos.
*Con información de ACIJ.
