Las denuncias fueron realizadas por organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros.
Durante estos días trascendieron las denuncias realizadas por distintas organizaciones sociales y civiles hacia el Gobierno de Javier Milei por “destruir políticas sociales”, destinadas hacer frente a la crisis alimentaria, erradicar la violencia de género y asegurar los derechos humanos.
Las denuncias se realizaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía (UTEP), expresó al respecto: “Nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”.
Otras de las organizaciones presentes y que se unieron a las denuncias fueron Abuelas de Plaza de Mayo, Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Estuvieron presentes en Washington, Estados Unidos, el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y la embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo.
Se dieron tres audiencias distintas solicitadas por parte de las agrupaciones y fue un hecho inédito, ya que la CIDH no suele conceder tantas a un mismo país en un solo día.
¿Cuál fue la posición que tomaron las organizaciones sociales?
Uno de los ítems que se trató en la primera audiencia fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”.
Al respecto del Gobierno, Gramajo sostuvo: “representan un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”. En esta misma línea, mencionó el desfinanciamiento en obras para barrios vulnerables y la eliminación del Monotributo Social.
Además, lamentó que Nación haya “desacoplado el Salario Social Complementario del aumento del Mínimo Vital y Móvil”, congelándolo en $78.000; “lo equivale en la actualidad a comprar casi 50 litros de leche”.
Esto teniendo en cuenta que la canasta básica de una familia supera el millón de pesos.
Por otro lado, Natalia Zarza, dirigente de la UTEP, alertó sobre “el avance del narcotráfico en los barrios más afectados por la pobreza”; y agregó que desde diciembre del 2023 las organizaciones sociales no han recibido ningún tipo de insumo ni de prestación.
“Pettovello dijo que nos acercáramos que nos iba a atender uno a uno y eso no pasó”, sostuvo la dirigente de la UTEP, al mismo tiempo que acusó a la LLA de impulsar una “campaña de estigmatización” contra las agrupaciones sociales.
Por su parte, el Dr. Nicolás Rechanik, abogado de UTEP, indicó que existen “alimentos sin entrega en galpones, incluyendo mil toneladas de leche en polvo, en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”, en relación a una situación que está judicializada desde hace meses.
En cuanto a la segunda audiencia, se trató sobre la “situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”.
“El Programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género, tuvo una caída del 98%: son miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte», señaló Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Por su parte, Lucila Galkin, de Amnistía Internacional Argentina reconoció que se “paralizó la distribución de insumos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo” y que “hay faltante de métodos anticonceptivos, donde el Plan ENIA sufrió un recorte del 68%”.
En cuanto la tercera y última audiencia de la denuncia contra el gobierno de Milei por destruir políticas sociales, trató sobre el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos en Argentina”.
Paula Litvanchky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordó que durante la campaña presidencial en 2023 los recortes en estas temáticas formaban parte del programa actual del Gobierno, materializado en cierres, despidos, “vaciamiento de instituciones e incluso la puesta en venta de sitios de memoria”.
Por último, Claudia Poblete, de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que se «acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza, lo que nos retrotrae a los tiempos en que» estuvo apropiada. “Es el discurso con que me criaron a mí para evitar que pudiera buscar mi propia identidad”, cerró.
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¿Qué respondió el Gobierno?
El Gobierno, a través del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, optó por no responder las preguntas en la audiencia, prometió hacerlo por escrito pero presentó un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano.
A través de el informe, sostuvieron: “En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar”.
Y se argumentó: “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”.
Asimismo, en el documento afirmaron que la administración de La Libertad Avanza, al llegar al poder, el 10 de diciembre de 2023 “se encontró con una macroeconomía devastada, con índices de inflación muy elevados y salarios golpeados por la inestabilidad”.
Por este motivo, “las primeras medidas de esta gestión se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a un proceso de recuperación económica, que hoy comienza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza, que desde el segundo trimestre de 2024, han comenzado a bajar y continúan en esa tendencia”.
El Gobierno también sostuvo que “terminó con la intermediación” alimentaria y de programas sociales a través de cooperativas y organizaciones sociales que eran parte de la administración de Alberto Fernández. “Ahora el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias”, detalla el informe.
¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene una fecha estipulada para emitir su resolución sobre la denuncia al gobierno de Javier Milei de destrucción de políticas sociales.
Tampoco son de cumplimiento obligatorio en el sentido estricto, ya que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sin facultades coercitivas para hacer cumplir sus decisiones.
Desde enero de 2024, la CIDH se integra por Andrea Pochak (Argentina); Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala); Arif Bulkan (Guyana); Gloria Monique de Mees (Surinam); Margarette May Macaulay (Jamaica); Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá); y Julissa Mantilla Falcón (Perú). Estos comisionados desempeñan sus funciones de manera independiente y título personal, sin representar a sus países de origen.
